De forma sorpresiva, el consejero suplente Carlos Cardona interpuso su firma para validar la declaratoria de resultados que estaría otorgando un polémico triunfo al candidato Nasry Asfura.
Sin embargo, una semana antes, el propio Cardona había denunciado una serie de irregularidades graves en el proceso electoral, que van desde el fracaso del simulacro electoral hasta alteraciones masivas de votos, entre otras anomalías.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, publicó este 29 de diciembre un video en el que los consejeros suplentes del Consejo Nacional Electoral (CNE), Karen Rodríguez y Carlos Cardona, denuncian diversas irregularidades ocurridas en el actual proceso electoral, el cual, de manera polémica, ha proclamado hasta el momento como ganador a nivel presidencial al candidato nacionalista Nasry Asfura.
Entre acusaciones de fraude y la negativa del consejero propietario Marlon Ochoa, la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, junto a la consejera Cossette López, firmaron la declaratoria de resultados a nivel presidencial para declarar ganador a Nasry Asfura. Para validar el documento, se incorporó la firma de Carlos Cardona, quien ocho días antes había denunciado irregularidades en el proceso electoral.
Cardona, junto a Karen Rodríguez, quienes previamente se habían opuesto a los planes impulsados por la consejera Cossette López, denunciaron, en primer lugar, el fracaso del simulacro electoral del 9 de noviembre, indicando que solo se transmitió el 35 % de las actas.
Denunciaron que la empresa responsable del sistema de transmisión, ASD, incumplió sus obligaciones contractuales, mientras que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ignoró las alertas técnicas.
Asimismo, revelaron que un día antes de las elecciones, la empresa auditora CGTS Corp, especializada en procesos electorales, advirtió sobre el mal funcionamiento del sistema TREP, la falta de garantías en la infraestructura tecnológica y la imposibilidad de revisar las reglas de validación, advertencias que no fueron atendidas.
Cardona y Rodríguez también cuestionaron la modificación en el uso del sistema biométrico, decisión que —según explicaron— permitió que se sumaran más de 480 mil votos en 16,676 actas con inconsistencias. Como consecuencia, el call center del CNE realizó miles de llamadas instruyendo a las juntas receptoras de votos que el uso del biométrico no era obligatorio.
Rodríguez advirtió que estos hechos violentaron el principio constitucional del sufragio libre, al registrarse 860 llamadas al 911 por amenazas de intimidación y coacción al voto. Además, se confirmó el envío de 3.6 millones de mensajes durante el silencio electoral, advirtiendo sobre un supuesto corte de remesas.
En el plano tecnológico, denunciaron fallas de conectividad confirmadas por la empresa IFTX, que reportó que 700 de las 1,800 antenas no se conectaron el día de las elecciones, impidiendo la transmisión oportuna de actas. También se constató que en 94 centros de votación los routers fueron reseteados hasta 10 veces sin autorización, dejando actas vulnerables durante su traslado a Tegucigalpa.
Indicaron además que las caídas recurrentes del sistema provocaron hechos graves, como el ingreso de 4,951 actas en cero, las cuales fueron cargadas hasta ocho días después, sin certeza de que los datos correspondieran a los originales.
Entre otras anomalías, denunciaron la retención injustificada de 16,615 actas durante 40 horas en los servidores de ASD, así como una inconsistencia de 4,800 archivos entre los registros del CNE, la empresa TREP y los partidos políticos, incumpliendo el artículo 278 de la Ley Electoral.
También expusieron una alteración masiva de votos: aunque el margen de error permitido en la transcripción era del 5 %, se registró un 38 %, con asignaciones erróneas de votos entre candidatos.
Finalmente, advirtieron que existen indicios de modificaciones al código fuente del TREP sin el uso de las tres llaves de seguridad. El 6 de diciembre se constató que la contraseña del sistema era distinta a la utilizada el 30 de noviembre, lo que evidencia cambios no autorizados, ya sea por la empresa o por terceros.
Subrayaron que el informe preliminar de observación electoral 2025 del Foro Nacional de Convergencia (FONAC) concluye que hubo un fracaso del sistema ASD, derivado de un proceso de contratación deficiente, por lo que urge una investigación rigurosa.
Por último, Cardona y Rodríguez afirmaron que no avalarán un proceso irregular, y señalaron que la solicitud de voto por voto en las 19,167 juntas receptoras a nivel presidencial, planteada por dos partidos políticos, representa una salida democrática al conflicto electoral, en beneficio del país ante la magnitud de las irregularidades denunciadas.
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