A más de tres semanas de celebradas las elecciones generales y en medio de una creciente tensión institucional, el magistrado del Tribunal de Justicia Electoral, Mario Morazán, denunció presiones políticas y extranjeras, rechazó acusaciones en su contra y advirtió sobre los riesgos jurídicos derivados de la inacción del Consejo Nacional Electoral.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. En medio de la crisis post electoral y a más de tres semanas de celebradas las elecciones generales, el magistrado propietario del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán, emitió un extenso comunicado en el que fijó posición frente a señalamientos públicos, presiones políticas y actos que calificó como injerencia extranjera.
El magistrado rechazó las versiones que lo acusan de haberse ausentado injustificadamente de sesiones del Pleno del TJE, y afirmó que nunca ha dejado de cumplir con sus funciones jurisdiccionales, sino que se negó a participar en sesiones que, según sostuvo, pretendieron realizar en abierta contravención a la ley.
Indicó que las afirmaciones responden a narrativas falsas impulsadas por intereses particulares, las cuales han sido replicadas por sectores de la ciudadanía sin información suficiente, generando expresiones injuriosas y fomentando un clima de hostilidad en redes sociales y espacios públicos.
Morazán afirmó que el origen de los ataques en su contra se vincula con su compromiso con la legalidad y con la denuncia pública de presuntos abusos de autoridad, malversación de fondos públicos y prácticas internas que –dijo– buscan convertir el cumplimiento de la ley en una decisión opcional dentro del órgano electoral.
Sostuvo que su postura ha resultado incómoda para determinados sectores, al insistir en que la ley debe aplicarse de manera obligatoria y sin excepciones, especialmente en una institución llamada a garantizar certeza jurídica, transparencia y respeto al marco constitucional en el desarrollo del proceso electoral.
En el comunicado, el magistrado elevó el conflicto al plano internacional al denunciar acciones de agentes de una potencia extranjera que, en el contexto de la crisis post electoral, constituyen –afirmó– un ataque directo a la independencia judicial y un intento de subordinar decisiones jurisdiccionales a intereses externos.
Agregó que dichas acciones representan un acto de injerencia en los asuntos internos del Estado hondureño, orientado a vulnerar su autodeterminación y a desacreditar al país ante instancias internacionales, en contravención de los principios del derecho internacional y del multilateralismo.
Morazán expresó además su preocupación por la ausencia total de impugnaciones o solicitudes de recuento jurisdiccional ante el TJE, a más de 22 días de celebradas las elecciones, situación que atribuyó a que el Consejo Nacional Electoral no ha resuelto nulidades e impugnaciones dentro de los plazos establecidos por la ley.
Advirtió que esta omisión puede volver ilusorias las pretensiones legítimas de las partes y comprometer los tiempos constitucionales, cuando los representantes electos deben asumir sus cargos en menos de dos meses, pese a que el TJE ya cuenta con personal contratado y capacitado para atender la carga jurisdiccional.
El magistrado reiteró que ninguna presión política, oficialista u opositora, ni de poderes fácticos o potencias extranjeras, incidirá en favor o en contra de candidaturas, como corresponde –dijo– a un juez electoral independiente e imparcial, subordinado únicamente a la Constitución y a la ley.
Asimismo, denunció haber sido amenazado con cárcel, al igual que otros funcionarios electorales, por una actora política que –según señaló– ha advertido sobre una posible instrumentalización de las Fuerzas Armadas, lo que calificó como una presión indebida a la justicia electoral.
Morazán concluyó afirmando que, de no poder resistir presiones internas o externas, renunciará de forma irrevocable a su cargo, al considerar que un juez no puede actuar bajo miedo o coerción, cerrando su pronunciamiento con un mensaje contundente: la dignidad y la justicia no son negociables.
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