La Misión Parlamentaria de Observación Internacional, integrada por legisladores de América Latina y el Caribe, concluyó que no se puede certificar la voluntad popular en las elecciones de 2025 en Honduras y recomienda repetir totalmente los comicios para respetar la voluntad de los hondureños.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. La Misión Parlamentaria de Observación Internacional, integrada por legisladores de América Latina y el Caribe, emitió un informe en el que señala múltiples irregularidades registradas durante las elecciones generales del pasado 30 de noviembre en Honduras, las cuales, a su criterio, afectan la transparencia, verificabilidad y legitimidad del proceso.
La misión detalló que realizó observación en distintos departamentos del país, lo que le permitió constatar de primera mano diversas anomalías.
«Como representantes parlamentarios de la región, renovamos nuestro compromiso de trabajar unidos para proteger la democracia, combatir los discursos de odio, enfrentar las operaciones de desinformación y defender los intereses legítimos de nuestros pueblos, muchas veces amenazados por intereses económicos y geopolíticos que nada tienen que ver con la justicia social», expresó el organismo.
Entre los principales hallazgos, la misión señaló serias dificultades en el funcionamiento del Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP), especialmente en lo relacionado con la transmisión y acreditación de los datos biométricos .
Indicó que se detectaron inconsistencias relevantes entre actas y registros biométricos, ya que en 16,676 actas no coincide la cantidad de electores registrados en la biometría con los datos consignados en las actas.
Además, advirtió que existirían alrededor de 480,000 electores o votos registrados sin respaldo biométrico, situación que afecta directamente la verificabilidad del proceso.
El informe también subraya que la credibilidad institucional se vio debilitada debido a la controversia interna sobre la necesidad de realizar el «cruce» entre el acta de cierre y los registros biométricos, mecanismo que, según la misión, es clave para evitar riesgos de inflado de votos.
Asimismo, la Misión Parlamentaria se refirió a lo que calificó como injerencia del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, señalando que sus acciones y mensajes públicos constituyeron una presión indebida sobre el electorado y sobre el proceso institucional hondureño.
«Condenamos de forma categórica las acciones y mensajes públicos del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que agravaron la polarización y constituyen un precedente grave que vulnera la soberanía y los principios de autodeterminación que nuestros pueblos han defendido históricamente», destacó el informe.
La misión también cuestionó que, pese a análisis previos, otras misiones internacionales relevantes no señalaran esta situación, a pesar del impacto que tuvo en el proceso electoral.
Otro de los puntos señalados fue el cierre de centros de votación en algunas Juntas Receptoras de Votos (JRV) mientras aún había personas en fila para ejercer el sufragio, lo que generó inconformidad y reclamos por parte de veedores.
Ante esta situación, recomendó que la conformación de las JRV no dependa exclusivamente de los partidos políticos, sino que se garantice mayor independencia mediante la inclusión de servidores públicos, personal capacitado o estudiantes universitarios bajo criterios técnicos.
El informe también menciona que se registraron episodios menores de tensión entre delegados de organizaciones políticas y veedores nacionales, principalmente en torno a la validación de actas y el acceso a espacios de observación dentro de los recintos electorales.
Finalmente, la Misión Parlamentaria de Observación Internacional sostuvo que, para restituir la legitimidad plena del proceso, se debe considerar la repetición de las elecciones generales, bajo garantías reforzadas y con reformas operativas inmediatas.
«Honduras merece una elección incuestionable ; si el proceso es incierto, la salida democrática no es imponer un resultado, es devolverle al pueblo un acto electoral plenamente legítimo», puntualizó.
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