Aunque diversos medios de comunicación y actores internacionales han documentado la participación del crimen organizado y la injerencia de Estados Unidos en las elecciones de Honduras, la OEA omitió estos hechos en su informe sobre los comicios y, si bien reconoce la existencia de errores técnicos, sostiene que no hay evidencia de un fraude electoral.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (MOE-OEA) presentó hoy ante el Consejo Permanente su informe sobre las elecciones generales desarrolladas el 30 de noviembre en Honduras, documentando retrocesos institucionales, conflictos internos en los órganos electorales y fallas técnicas significativas en el procesamiento de resultados.
Sin embargo, a pesar de las inconsistencias documentadas en el informe, el organismo sostiene que no se identificaron indicios de manipulación deliberada del material electoral ni de los sistemas informáticos. Estas conclusiones se producen en un contexto de fuertes cuestionamientos públicos por parte de actores políticos que han denunciado que Honduras atraviesa su proceso electoral más manipulado de su historia.
“El proceso electoral estuvo marcado desde su inicio por conflictos entre miembros propietarios y suplentes del Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral, como ustedes ya lo conocen. En comparación con procesos electorales anteriores, la misión observó un retroceso, tanto en procesos técnicos como en la gobernanza del Consejo y del Tribunal”, sostuvo el jefe de la MOE-OEA, Eladio Loizaga.
No obstante, el informe subraya que las principales dificultades se concentraron en la etapa postelectoral, donde se registraron demoras en el traslado del material electoral y deficiencias en las soluciones tecnológicas utilizadas para el escrutinio y la totalización de resultados. De acuerdo con la MOE-OEA, estas fallas reflejan impericia técnica y política, pero no constituyen por sí mismas evidencia de fraude.
La misión reiteró que las actas físicas son la base del sistema electoral hondureño y que existen mecanismos legales, como el escrutinio especial y los recursos de impugnación, para revisar inconsistencias dentro de los plazos establecidos por la ley.
Lo que la OEA omite
Sin embargo, diversas fuerzas políticas han señalado que las irregularidades denunciadas trascienden los problemas técnicos descritos por la misión. El candidato presidencial liberal, Salvador Nasralla, ha cuestionado públicamente la confiabilidad del sistema de transmisión de resultados preliminares (TREP), así como la demora prolongada en la divulgación de datos oficiales, afirmando que estas situaciones afectaron la transparencia y la certeza del proceso en un escenario de resultados ajustados.
Por su parte, el consejero electoral Marlon Ochoa ha denunciado presuntas inconsistencias entre actas físicas y registros digitales, además de decisiones adoptadas dentro del CNE que, según su criterio, vulneraron los principios de legalidad y transparencia. Ochoa también ha advertido sobre presiones internas y externas en el funcionamiento del órgano electoral durante la fase de escrutinio.
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Un día antes de las elecciones, Ochoa denunció que las representantes de los partidos Liberal y Nacional en el CNE, Ana Paola Hall y Cossette López aprobaron una decisión que marcaría el rumbo electoral, al impedir que las actas pudiesen cruzarse con los lectores biométricos ; es decir, que no hubiese un mecanismo veraz para saber cuántas personas votaron en cada mesa electoral, lo que, según denuncias, habría provocado irregularidades en alrededor de un millón de votos.
Y, recientemente, expuso que ambas consejeras aprobaron que el escrutinio especial se ejecutará únicamente para 1,081 actas a pesar de que son más de 17,000 las que presentan inconsistencias; además, un audio presentado por la Fiscalía hondureña expone presuntamente cómo la consejera López maquina un plan para evitar el conteo voto por voto.
Estos audios se suman a otros que también difundió el Ministerio Público bajo la modalidad de «noticia criminis», en donde exponen cómo presuntamente López, junto a otros actores del Partido Nacional y militares del ala más conservadora de las Fuerzas Armadas, maquinan contra el proceso electoral, en hechos que -según sectores- han quedado evidenciados en esta etapa poselectoral .
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También, desde Libertad y Refundación (Libre), partido progresista y que actualmente ejerce el gobierno, denunciaron la injerencia directa del mandatario estadounidense, Donald Trump, quien estuvo acompañada de mensajes amenazantes a hondureños con no recibir remesas para el mes de diciembre.
La injerencia de Trump ocurrió en un contexto donde la ley hondureña prohíbe propaganda política; el mandatario estadounidense pidió directamente a los hondureños votar por el candidato nacionalista, Nasry Asfura, no marcar a favor de la candidata del partido de gobierno, Rixi Moncada, y, además, concedió un indulto al condenado por narcotráfico y exmandatario hondureño, Juan Orlando Hernández.
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Aunado a lo anterior, se documentó que pandillas en las ciudades más pobladas del país amedrentaron a la población para no votar por el partido de Gobierno, con amenazas de muerte para quienes ejercieran activismo a favor de Libre o quienes expresaran públicamente que marcarían a su favor. Estas denuncias han sido acompañadas de llamados a revisar integralmente la validez de los comicios.
OEA no reconoce fraude electoral
El informe de la MOE-OEA reconoce la circulación persistente de narrativas de fraude provenientes de distintos sectores políticos y advierte que estas han tenido un impacto negativo en la confianza ciudadana y en la institucionalidad democrática. En este contexto, la misión hizo un llamado a las autoridades electorales a agilizar el escrutinio especial, a publicar los resultados oficiales en el menor tiempo posible y a actuar con apego estricto a la normativa vigente.
Asimismo, expresó preocupación por declaraciones de autoridades que han planteado la nulidad de las elecciones, al considerar que tales pronunciamientos exceden sus competencias legales y pueden afectar el respeto a la voluntad popular. La misión reiteró que únicamente los órganos electorales están facultados para emitir la declaratoria oficial de resultados.
Finalmente, la MOE-OEA señaló que, si bien el proceso electoral estuvo lejos de ser perfecto, la participación ciudadana constituye un elemento central que debe ser preservado. En ese sentido, planteó la necesidad de adoptar reformas estructurales para fortalecer la independencia, capacidad técnica y credibilidad del sistema electoral hondureño, con el fin de evitar la repetición de las situaciones observadas en este proceso.
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