La embajadora de México ante la OEA, Luz Elena Baños, reafirmó el respeto absoluto de su país a la soberanía de Honduras en el marco del proceso electoral que desarrolla y exigió no usar al organismo como mecanismo de confrontación, polarización política o intervencionismo.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. La embajadora de México ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luz Elena Baños, reiteró el respeto absoluto de su país a la soberanía hondureña, en el marco de los principios de respeto a los pueblos y la no intervención, al referirse a la situación electoral que atraviesa Honduras,
A 14 días de celebradas las elecciones generales el 30 de noviembre aún no se cuentan con resultados definitivos sobre las próximas autoridades.
“El firme compromiso del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para la defensa de la democracia y el derecho internacional. En este marco sostenemos que los derechos políticos y electorales deben garantizarse plenamente sin persecuciones, exclusiones o inhibiciones a la libre competencia política”, expresó.
La diplomática, destacó que, México saluda y promueve la observación electoral internacional como una herramienta clave para fortalecer los procesos democráticos y generar confianza ciudadana. No obstante, advirtió que esta observación no debe utilizarse como mecanismo de confrontación, polarización política o intervencionismo.
“México hace votos para que la misión de observación electoral de la OEA mantenga su carácter estrictamente técnico, evitando cualquier acción o posicionamiento que puede interpretarse como una interferencia en el proceso electoral hondureño”, afirmó.
Asimismo, señaló que corresponde exclusivamente a las instituciones hondureñas determinar los mecanismos adecuados para resolver cualquier diferencia que pudiera surgir, siempre en apego a los principios constitucionales y al derecho internacional.
Finalmente, hizo un llamado a que el proceso electoral continúe y concluya de manera pacífica y ordenada, resaltando la alta responsabilidad de las autoridades electorales para garantizar que la voluntad popular expresada en las urnas sea respetada y preservada.
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