Paul Campo es un agente de la DEA acusado de realizar operaciones para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que van desde el lavado de dinero y la compra de tecnología militar hasta la asesoría técnica para fortalecer las capacidades del grupo criminal.
Agencias / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Un agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA – sigla en inglés), Paul Campo, y su presunto socio, Robert Sensi, fueron acusados de colaborar activamente con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones criminales más violentas y expansivas de México.
La acusación, presentada en una corte federal de Nueva York, detalla una serie de operaciones clandestinas que incluyen lavado de dinero, compra de tecnología militar y asesoría técnica para fortalecer las capacidades del grupo criminal.
De acuerdo con el Departamento de Justicia, Campo y Sensi habrían preparado un esquema para lavar hasta 12 millones de dólares provenientes del narcotráfico del CJNG.
Parte de esos fondos —alrededor de 750 mil dólares— ya habrían sido convertidos en criptomonedas, un mecanismo utilizado con frecuencia por organizaciones criminales para diluir el rastro del dinero en la cadena financiera.
Las autoridades señalaron que ambos imputados se valieron de sus conocimientos técnicos, contactos y experiencia previa para construir una red que pretendía operar de manera sofisticada y casi indetectable.
La gravedad del caso aumenta con las revelaciones de que Campo y Sensi habrían aceptado gestionar la compra de drones comerciales de alto rendimiento, así como armas militares, incluidos rifles, lanzagranadas y explosivos. Las grabaciones obtenidas por una fuente encubierta indican que los drones serían equipados con cargas explosivas, incluso C-4, con la intención de ser utilizados en ataques contra grupos rivales y fuerzas de seguridad.
Los fiscales describieron estos actos como una amenaza directa a la seguridad nacional tanto de México como de Estados Unidos, pues se trata de tecnología con capacidad para alterar el equilibrio de poder entre cárteles y autoridades.
Asimismo, la acusación también menciona que los implicados ofrecieron asesoría en procesos de producción de fentanilo, una droga sintética responsable de decenas de miles de muertes por sobredosis en Estados Unidos. El CJNG ha sido identificado como uno de los principales productores y distribuidores de este opioide, por lo que la colaboración de exagentes estadounidenses representa una vulneración profunda a los esfuerzos por contener la epidemia.
Uno de los momentos más alarmantes de la investigación surge de una conversación en la que los acusados afirmaron que, con los explosivos adecuados, sería posible “volar todo”, en referencia a la capacidad destructiva de los drones modificados.
Estas declaraciones, incluidas en el expediente judicial, ilustran el nivel de involucramiento y la falta absoluta de límites éticos de quienes un día ocuparon cargos de alta responsabilidad en la lucha antidrogas.
El Departamento de Justicia calificó el caso como “una traición corrosiva” y advirtió que la connivencia de antiguos agentes federales con organizaciones criminales socava la confianza pública en las instituciones encargadas de combatir el narcotráfico. La DEA, por su parte, ha expresado su indignación y asegura que colaborará plenamente para que los responsables enfrenten todo el peso de la ley.
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