«Esta concesión vergonzosa, presentada bajo el pretexto de una supuesta cooperación antidrogas, vuelve a colocar nuestro territorio como cabeza de playa para operaciones militares de Estados Unidos», señalaron organizaciones populares de la República Dominicana, rechazando que su territorio se use con fines militares contra Venezuela.
Agencias / EL LIBERTADOR
Organizaciones patrióticas, sociales y políticas de República Dominicana rechazaron la decisión del presidente de ese país, Luis Abinader, de permitir que Estados Unidos utilice la Base Aérea de San Isidro y el Aeropuerto Internacional de Las Américas como plataformas para operaciones regionales.
Los colectivos sostienen que esta medida representa una cesión de soberanía y una interpretación forzada del marco constitucional, especialmente del artículo 3, que prohíbe cualquier forma de intervención extranjera en asuntos internos o externos del país.
El gobierno argumenta que la autorización se enmarca en acciones conjuntas contra el narcotráfico, pero las organizaciones cuestionan esta explicación y advierten que Washington ha ampliado su presencia militar en el Caribe bajo justificaciones similares.
Señalan que la Armada estadounidense ya opera en el puerto de Manzanillo, en Monte Cristi, y que esta expansión podría relacionarse con las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, país al que la administración norteamericana acusa de permitir actividades ilícitas y violaciones democráticas.
Las denuncias subrayan que decisiones como el Decreto 500-25 podrían convertir al territorio dominicano en un punto de apoyo para operaciones militares contra Caracas, recordando precedentes históricos de intervenciones estadounidenses en la región.
Para los grupos firmantes, estas acciones reeditan patrones de subordinación asociados a la doctrina Monroe, reforzando la percepción de que Estados Unidos continúa usando el Caribe como espacio estratégico para sus disputas geopolíticas.
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