Un juez modificó la medida cautelar de arresto domiciliario impuesta al diputado nacionalista Nelson Márquez, quien ahora podrá enfrentar su proceso en libertad. Márquez es acusado de integrar una red que habría defraudado al Estado hondureño por unos 3,000 millones de lempiras.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El Ministerio Público (MP) anunció que interpondrá un recurso de apelación contra la resolución de un juez natural que modificó las medidas cautelares impuestas a varios ciudadanos acusados de defraudar al Estado por aproximadamente 3,000 millones de lempiras, permitiéndoles enfrentar el proceso en libertad.
Según informó la Fiscalía, entre las nuevas disposiciones se incluyen la prohibición de salir del país, la obligación de firmar mensualmente en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el pago de cuantiosas fianzas.
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Entre los imputados figura el subjefe de bancada del Partido Nacional, Nelson Márquez, a quien se le fijó una fianza de 45 millones de lempiras. Por el mismo caso, se impusieron fianzas de 25 millones a Caronte Zavala y de 15 millones a Eva Vásquez.
También fueron beneficiados con las nuevas medidas la excoordinadora general de Gobierno, Martha Vicenta Doblado Andara, así como Juan Fernando Madrid Lezama, Irissabel Miranda Hernández y Raymond Esaú Gradiz.
La Fiscalía calificó la decisión como “contraria a derecho”, al considerar el grave daño ocasionado a las finanzas públicas. En ese sentido, anunció que apelará la resolución en cumplimiento de su mandato de defender los intereses de la sociedad.
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Este caso tiene su origen tras el huracán Mitch de 1998, que derivó en una serie de procesos judiciales prolongados.
En 2020, Márquez —entonces titular de la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (Sedecoas)— promovió la firma de un acuerdo extrajudicial con la empresa NAINSA, mediante el cual se habrían realizado pagos millonarios al margen de los procesos judiciales vigentes.
Por ello, Márquez fue arrestado a finales de julio del presente año y enviado a la Cárcel de Támara; sin embargo, un juez ordenó arresto domiciliario para el congresista, quien, con la nueva actualización de medidas, podrá enfrentar el proceso en libertad.
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