El abogado Alex Navas advirtió que la revocación del arresto domiciliario al diputado Nelson Márquez revela los blindajes de corrupción que protegen a políticos poderosos, mientras la justicia para la ciudadanía común sigue siendo desigual.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Un juez del sistema judicial hondureño cambió la medida cautelar de arresto domiciliario impuesta al diputado y subjefe del Partido Nacional, Nelson Márquez, así como a otros acusados de integrar una red de corrupción que presuntamente saqueó más de 3,000 millones de lempiras de las arcas del Estado, permitiéndoles defenderse en libertad.
Lo anterior ha sido ampliamente criticado por diversos sectores debido a la magnitud de la acusación. Por ello, EL LIBERTADOR consultó al abogado y analista político Alex Navas sobre los fundamentos legales detrás de la polémica decisión.
Según Navas, el arresto domiciliario o la defensa en libertad pueden otorgarse cuando la persona demuestra arraigo, no representa peligro de fuga y ofrece una caución económica que garantice su permanencia en el país durante el juicio.
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“El hecho de que pueda defenderse en libertad no significa que el juicio haya terminado, sino que sigue su curso, pero el imputado puede hacerlo con todas las libertades. Normalmente, en los juicios de cuello blanco y cuando se trata de altos funcionarios del Estado, se otorga esta medida”, explicó Navas.
El abogado destacó que, si bien esta práctica tiene sustento legal, evidencia una distorsión en la aplicación de justicia, pues “personas acusadas de delitos mucho menores son enviadas a los centros penitenciarios a esperar juicio”.
Asimismo, señaló que en los casos de corrupción los jueces deben ser más estrictos, “no solo por el monto —que triplica lo desfalcado en los hospitales móviles—, sino porque él es diputado, subjefe de la bancada del Partido Nacional y ocupa una posición de poder desde la cual puede influir en las condiciones del juicio. Eso es lo más grave”.
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El especialista advirtió que la decisión de permitirle defenderse en libertad refleja un patrón recurrente en los delitos de cuello blanco: “son personas que han drenado fondos públicos y a las que los jueces, muy garantistas, les otorgan casa por cárcel o libertad bajo fianza, quedando únicamente al cuidado de sus asesores legales. Esa fue una de las medidas concedidas al diputado Márquez”.
Añadió que el Ministerio Público anunció que apelará la decisión, aunque, en su criterio, el desenlace de esta medida podría estar influido por factores políticos y acuerdos internos.
Navas concluyó que esta situación debilita la confianza en los entes de justicia: “en Honduras todavía persisten los blindajes de corrupción y los pactos de impunidad que protegen a redes de poder y criminalidad organizada”.
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