Analistas consultados por EL LIBERTADOR coinciden en la necesidad de estabilizar el proceso electoral. El abogado Alex Navas puntualizó que el país “no necesita crisis ni conspiraciones que atenten contra la Constitución”, aunque insistió en la importancia de proceder legalmente contra los conspiradores.
Por su parte, el politólogo Héctor Soto subrayó la urgencia de detener y procesar a los entes involucrados al complot conforme la ley, al tiempo que advirtió que ya es público el diseño de un plan explícito para generar caos e instalar la narrativa de un posible fraude electoral.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. A solo un mes de los comicios generales, ha surgido una crisis que amenaza la transparencia del proceso electoral. Durante la mañana de ayer, el fiscal general Johel Zelaya presentó una serie de grabaciones en las que se revela un presunto plan de boicot contra el proceso.
La difusión de estos audios, que involucran a la consejera electoral Cosette López, al diputado del Partido Nacional Tomás Zambrano y a un militar activo no identificado, ha encendido las alertas en el país. Según el abogado Alex Navas, el material sonoro evidencia una grave vulneración institucional, algo que calificó como “sumamente serio”.
“Realmente reflejan la construcción de una conspiración contra la democracia y el Estado de derecho en Honduras. Que una funcionaria de alto rango del Consejo Nacional Electoral, junto a militares e instituciones públicas, se pongan de acuerdo con un partido político para desestabilizar el proceso, es algo alarmante”, manifestó Navas en entrevista con EL LIBERTADOR.
En los audios se menciona, por ejemplo, la urgencia de controlar el transporte electoral, afirmando que un sector de las Fuerzas Armadas estaría de su lado. Esto apunta a la posible participación del bipartidismo (Partido Liberal y Nacional) en las anomalías registradas durante las elecciones internas del 9 de marzo, donde la deficiencia en la logística y la falta de planificación provocaron retrasos en la entrega de maletas electorales.
Respecto al papel histórico de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) en el conservadurismo político, Navas recordó que en 2017 permitieron la reelección del expresidente Juan Orlando Hernández, quien ejecutó su continuidad de forma ilegal, violando el artículo 42, numeral 5, de la Constitución de la República.
“Cuando los militares toman partido en una situación política, esto puede provocar caos e incertidumbre. Me preocupa que dentro de la institución armada existan oficiales de alta graduación que se presten para este tipo de maniobras”, lamentó el jurista, en referencia al alto militar mencionado en el supuesto complot.
Además, recordó que el artículo 272 de la Constitución establece que la institución castrense es de carácter permanente, profesional, apolítica, obediente y no deliberante.
El experto en derecho enfatizó que aún hay tiempo para estabilizar el proceso electoral, e instó al Ministerio Público a continuar con las investigaciones y determinar las responsabilidades correspondientes.
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Asimismo, expresó su esperanza de que la institucionalidad reaccione y se logre un proceso libre, transparente y legítimo, acorde con las aspiraciones del pueblo hondureño.
“Eso es lo que necesita el país: no crisis ni conspiraciones que atenten contra la República y la Constitución, sino instituciones sólidas que le den certidumbre al pueblo hondureño de que el 30 de noviembre iremos a elecciones sin contratiempos”, subrayó Navas.
El abogado también resaltó la falta ética que implica que una consejera electoral muestre preferencia por determinados candidatos, lo cual —afirmó— “pervierte la función pública y debilita los pilares democráticos”.
“Cuando un alto funcionario del Estado no respeta la Constitución y responde a intereses particulares o partidarios, se pervierte la función pública y se debilita sustancialmente la democracia y los andamios que sostienen al Estado hondureño”, añadió.
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Para enfrentar esta crisis, Navas insistió en la necesidad de que la Fiscalía profundice las investigaciones, practique las pericias necesarias y, de hallarse responsables, proceda conforme a la ley.
Por su parte, el politólogo Héctor Soto advirtió en sus redes sociales sobre los riesgos deliberados que amenazan la democracia, señalando que “existe un plan explícito para posicionar la narrativa del fraude y el caos antes, durante y después de las elecciones, incluyendo videos, campañas y declaraciones sincronizadas”.
Esto cobra relevancia porque en uno de los audios se escucha a la consejera López decir: “Me gustaría que lanzara eso de que ningún candidato serio puede adelantarse a las 12 del mediodía a proclamarse ganador. Y desde ahí nosotros montamos todo, para que cuando eso suceda, y si llega a suceder, proclamemos las elecciones como inválidas”.
Finalmente, Soto advirtió sobre el riesgo de involucrar instituciones y organizaciones en el presunto complot, y subrayó la urgencia de detener y procesar a los entes implicados, conforme a la ley.
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