El consejero Marlon Ochoa advirtió y denunció ante la Fiscalía una presunta conspiración para alterar las elecciones de 2025, señalando como responsables a una consejera del CNE, al jefe de bancada del Partido Nacional y a oficiales de las Fuerzas Armadas.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El consejero electoral, Marlon Ochoa, presentó este jueves ante el Ministerio Público (MP) una denuncia formal acompañada de material de audio y documentos digitales que, según afirmó, evidencian la existencia de una conspiración política y militar encaminada a boicotear el proceso electoral general de 2025.
“Hoy vuelven a aliarse y conspirar para montar un golpe electoral y alterar el voto popular”, expresó Ochoa, al tiempo que entregó una memoria USB con 24 grabaciones que, aseguró, prueban el plan desestabilizador.
En dichas grabaciones se constatan —según su denuncia— las voces de una consejera propietaria del CNE, del jefe de bancada de uno de los partidos tradicionales en el Congreso Nacional, y de miembros activos del alto mando de las Fuerzas Armadas de Honduras.
El funcionario sostuvo que este plan tiene por objeto “desacreditar de manera sistemática y dolosa el proceso electoral general de 2025, promover una crisis de legitimidad y generar inestabilidad poselectoral”.
Añadió que los hechos podrían configurar delitos graves contra la seguridad del Estado, entre ellos sedición, conspiración, asociación ilícita, cohecho y traición a la patria.
Ochoa exigió al MP que investigue y judicialice a los autores intelectuales y materiales de este esquema, y que adopte medidas preventivas para proteger la integridad del proceso democrático que culminará con las elecciones del 30 de noviembre de 2025.
“El Ministerio Público debe actuar con energía procesal y transparencia para desarticular esta trama criminal, someter a la justicia a sus responsables y garantizar elecciones limpias, libres y soberanas”, sostuvo.
El consejero explicó que los audios entregados contienen información sobre intentos de manipular la observación nacional e internacional, controlar el transporte de materiales electorales, interferir en los centros de datos donde se reciben los resultados preliminares y cortar los canales de transmisión de actas desde los centros de votación.
“Aquí, frente al pueblo hondureño, no pasarán en su conspiración. ¡Vamos a derrotarla!”, advirtió.
Entre los hechos más delicados de su exposición, Ochoa señaló que el sistema de transmisión de resultados dependerá de tres canales privados de datos —Tigo, Claro y Starlink—, lo cual implica riesgos si alguno sufre interrupciones durante la jornada electoral.
“La caída de cualquiera de estos canales tendría un impacto significativo en la integridad de los resultados”, explicó, advirtiendo que actores con “capacidad real de capturar etapas críticas del proceso” podrían aprovechar esa vulnerabilidad.
El funcionario recordó que los partidos señalados —Nacional y Liberal— “tienen historia acumulada en la ejecución de fraudes electorales, golpes de Estado y otros delitos contra la República”, y que los mismos sectores “que ejecutaron el crimen del 2009 e impusieron los fraudes de 2013 y 2017, hoy vuelven a conspirar contra el voto popular”.
Ochoa también aludió a la violencia postelectoral de 2017, recordando que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) documentó el asesinato de al menos 22 jóvenes hondureños, pero que “solo se persiguió a los autores materiales militares, sin llegar a los jefes civiles que giraron las órdenes”.
“Quien conspira contra los procesos electorales y la voluntad popular conspira contra la República”, afirmó, instando al MP a actuar “de inmediato, con determinación y sin selectividad”.
El consejero expresó además que informará oportunamente cómo obtuvo los audios, y que está dispuesto a rendir declaración y aportar cualquier información adicional que las autoridades requieran.
“La democracia no se negocia”, remarcó al concluir su intervención, en la que confió en que el Ministerio Público actuará “con honorabilidad y compromiso con el Estado de Derecho”.
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