El titular de la Procuraduría, Manuel Galeas, explicó a EL LIBERTADOR que, en alrededor de tres años y seis meses, se han evitado pérdidas al Tesoro de la nación por cerca de 80 mil millones de lempiras, cifras inéditas “que producen un impacto positivo a la República y que se ponen a disposición del beneficio del pueblo hondureño”.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. La Procuraduría General de la República (PGR) ha logrado uno de los avances más relevantes en materia de defensa jurídica del Estado durante la actual gestión, remarcó en exclusiva para EL LIBERTADOR, el procurador Manuel Díaz Galeas, quien estuvo presente durante la firma de una conciliación con el gremio de enfermeros del Hospital Escuela.
La conciliación garantiza el cumplimiento de la sentencia en el Juicio Laboral No. 0801-2016-00445 de un proceso que fue promovido por la Asociación de Profesionales de Enfermería del Hospital Escuela (APEHE) contra Honduras y que responsabiliza al Estado.
La demanda laboral fue interpuesta hace más de una década y en ella se exigía el reconocimiento y pago de derechos contra el Estado por alrededor de 96 millones de lempiras; en 2019 un tribunal de primera instancia falló a favor del gremio, el cual fue confirmado en 2021 por la Corte de Apelaciones y ratificado como definitivo en 2025.
“Es así, pues llegamos a esta conciliación. Un trabajo en conjunto de Procuraduría General de la República, de Secretaría de la Presidencia y de los equipos legales de la asociación, los apoderados legales de la asociación de las profesionales de enfermería del Hospital Escuela ha permitido con mucho esfuerzo, con paciencia, llegar a este momento en el que se culmina la situación jurídica una vez que suscribimos esta transacción”, dijo Galeas.
El funcionario señaló que el proceso estuvo marcado por la coordinación institucional y la búsqueda de un cierre definitivo a un conflicto que llevaba años pendiente y, según explicó, la conciliación no sólo dio respuesta a una demanda histórica, sino que también envió un mensaje de respeto a los derechos laborales.
“Este caso tiene que ver con vulneración de derechos laborales por parte de la administración del Hospital Escuela durante la rectoría de la señora Julieta Castellanos cuando se le concedió la administración del Hospital Escuela, el principal hospital del país, a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras”, recordó el procurador.
El procurador remarcó que la conclusión de este litigio marca una diferencia con administraciones pasadas y fortalece la confianza en la institucionalidad, además, subrayó que el impacto de la defensa legal del Estado se refleja en cifras históricas que alivian las finanzas públicas.
“Lo que hemos evitado en perjuicio al Tesoro de la Nación en tres años y un poco más de seis meses ronda los 80 mil millones de lempiras. Son cuantías de carácter histórico, inéditas en la Procuraduría General de la República que benefician y que producen un impacto positivo a la República una vez que estos fondos, estos dineros, se salvaguardan, persisten en el Tesoro de la Nación y se ponen a disposición del beneficio del pueblo hondureño”, afirmó.
Consultado sobre los procesos pendientes, el funcionario reconoció que aún existen miles de demandas en jurisdicción nacional y que la carga de trabajo es enorme; no obstante, destacó que el equipo de la Procuraduría está asumiendo los retos tanto en instancias internas como internacionales.
“Sí, vamos a ver, nuestro ámbito de trabajo es amplio. En jurisdicción nacional, que es un caso como este, el que nos ocupa el día de hoy, la Procuraduría General de la República enfrenta un aproximado de 20.000 demandas. Por tanto, la carga de trabajo, el volumen de trabajo es importante, es inmenso”, señaló.
DE INTERÉS: PROCURADURÍA LOGRA VICTORIAS PARA EL ESTADO POR MÁS DE 200 MILLONES
Díaz Galeas agregó que entre los procesos más relevantes se encuentra la defensa del Estado frente a las demanda internacional interpuesta por Prospera Inc., que formaba parte de los regímenes llamados Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) y que fueron declarados inconstitucionales por la máxima autoridad judicial del país.
Aún así, la ZEDE Prospera, en tribunales internacionales, demandó al Estado por más de 10,000 millones de dólares. Con relación a estos casos llevados a instancias internacionales, Galeas aseguró que se están logrando resultados positivos, como el caso Palmerola, donde el país evitó un perjuicio millonario.
“También existen otras reclamaciones, como la que usted plantea del caso Próspera ZEDE, ya en jurisdicción internacional, en CIADI, en donde también estamos haciendo una defensa jurídica a la altura de este desafío y en donde también hemos empezado a obtener éxitos importantes, como fue el caso de Palmerola, en donde se le condenó en costas a Palmerola para que proceda para el Estado de Honduras medio millón de dólares”, concluyó.
Deja un Comentario