“El “Tasón” de seguridad es un caso emblemático de la corrupción público-privada que campeó con el golpe de Estado”, afirmó el secretario de Finanzas, Christian Duarte, resaltando que afectó aún más a los sectores vulnerables porque no se rindió cuentas sobre las operaciones realizadas con ese fondo que nutrió al narcogobierno de Juan Hernández.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Durante diez años, los hondureños pagaron la Tasa de Seguridad con la promesa de fortalecer la justicia y la defensa; sin embargo, hoy se denuncia que estos fondos sirvieron para malversar recursos, lavar dinero y beneficiar actos de corrupción.
El secretario de Finanzas, Christian Duarte, reveló en entrevista con el estatal periódico Poder Popular que, durante los gobiernos nacionalistas de Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández, entre 2010 y 2022, el “Tasón” fue utilizado como “cajero secreto” de esas administraciones y de sectores empresariales, sin transparencia.
La Tasa de Seguridad fue creada bajo el Decreto 105-2011, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 8 de julio de 2011, durante el mandato de Lobo Sosa (2010-2014), en su afán de “combatir” toda amenaza a la convivencia pacífica y de seguridad personal, en un período en el que Honduras fue catalogada como el país no en guerra más violento del mundo.
Sobre este impuesto, Duarte señaló que, a través de fideicomisos de la Tasa de Seguridad Poblacional, se ejecutaron acciones de lavado de activos, se malversaron fondos públicos y hubo una compra de tres mil vehículos de la que no hubo registros de recepción, ubicación, ni inscripción en la Dirección Nacional de Bienes del Estado.
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Según lo dicta la ley en la Norma Técnica para la Operación de Fideicomisos Públicos, publicada en el Diario Oficial La Gaceta, “todos aquellos fideicomisos financiados con recursos públicos deben manejarse dentro del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, sin que el objeto de dichos fideicomisos sea afectado”.
No obstante, el proceso de los fideicomisos ha sido parte de la corrupción del país, saqueando las arcas del Estado; según el titular de la Secretaría de Finanzas (Sefin), la Tasa de Seguridad erogó más de 28 000 millones de lempiras y cerca de 11 500 millones es endeudamiento público que aún se sigue pagando.
El funcionario aseguró que la Tasa de Seguridad continúa siendo recaudada por el Estado y que los fondos son auditados y registrados en el Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI).
“Actualmente, la Tasa de Seguridad es un impuesto que se sigue cobrando, porque recordemos que inicialmente era temporal, luego se dejó de manera permanente, y como se derogó el fideicomiso, todos los recursos de la Tasa de Seguridad entran a la Caja Única del Tesoro”, expresó.
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Asimismo, la Sefin ha identificado al menos 130 contratos de desfalco y sobrevaloración que superan los 5000 millones de lempiras. Estos hallazgos se suman a procesos judiciales abiertos tanto en Honduras como en cortes de Nueva York, donde se investigan los vínculos del “Tasón” con estructuras de narcotráfico y corrupción gubernamental.
La problemática —según Duarte— también ha salpicado a la dirigencia empresarial del país, como a Eduardo Facussé padre, quien fue el primer representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) ante la Tasa de Seguridad.
Aunque actualmente el COHEP asegura desconocer el manejo del fideicomiso, existen pruebas de que algunos de sus representantes participaron activamente en la administración de los fondos junto al expresidente Juan Orlando Hernández.
“Le ayudó a gestar el proyecto de Ley de la Tasa de Seguridad, y no solo fue la Tasa de Seguridad: fueron los más de 180 fideicomisos, fueron las alianzas público-privadas, los 40 decretos de exoneraciones fiscales; hoy no se pueden hacer ‘los que no se recuerdan’”, sentenció Duarte.
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Por este caso han sido detenidas varias personas; incluso, fue extraditado el titular del comité técnico del “Tasón”, Roberto Cosenza, quien planea declararse culpable por lavado de activos en Estados Unidos.
En Honduras, el excoordinador del fideicomiso de la Tasa de Seguridad Poblacional (TSP) y representante del COHEP, Juan Molina, así como la gerente de la empresa Plasticards S.A., Liana Mayorga Castillo, están acusados de defraudar al Estado por más de 18 millones de lempiras mediante el suministro irregular de tarjetas de PVC para la emisión de licencias de conducir.
Ante el comunicado del COHEP, en el que se desvinculan de los actos de corrupción, Duarte ha señalado que hubo un cogobierno entre sectores públicos y privados en el manejo de los recursos, lo cual desmiente la supuesta “amnesia selectiva” de los empresarios respecto a los crímenes y actos de corrupción cometidos bajo el amparo de la Tasa de Seguridad.
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