Este martes dio inicio la audiencia inicial en el caso de la exprocuradora de la República, Lidia Estela Cardona, acusada de fraude al integrar una estructura que estafó al Estado de Honduras con un monto superior a los tres mil millones de lempiras. Por este caso también está procesado el subjefe del Partido Nacional en el Congreso, Nelson Marquez.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. La exprocuradora de la República, Lidia Estela Cardona, quien ejerció su cargo durante el segundo mandato del dictador Juan Orlando Hernández (2018-2022), se presentó esta mañana a los juzgados correspondientes para la audiencia inicial en un caso en el que se le acusa de fraude.
Por este caso también fue requerido el subjefe de bancada del Partido Nacional en el Congreso Nacional, Nelson Márquez , a quien se le acusa de coludirse para ocasionar un perjuicio al Estado por más de 3,000 millones de lempiras en un caso que tiene su origen en la tragedia del Huracán Mitch en 1998.
Según un documento de la Secretaría de Finanzas (SEFIN), debido a la tragedia del Mitch, la Agencia Estadounidense de Cooperación (USAID -siglas en inglés) cooperó junto al Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) mediante una licitación que permitió otorgarle un contrato a la estadounidense DRC INC. como plan para reconstruir al país.
Sin embargo, DRC INC. subcontrató a la empresa hondureña Nacional de Ingenieros S.A. (NAINSA), pero la justicia de Estados Unidos intervino al considerar ilegal el contrato derivado y, a través de fiscales especiales enviados desde el país norteamericano, se le ordenó al Estado hondureño no pagar las últimas obras pendientes de realizar.
Es así como DRC INC. comenzó una serie de demandas que tuvieron éxito gracias al golpe de Estado en 2009 , a través de un arbitraje coludido con el Colegio de Abogados de Honduras (CAH), que permitió un laudo favorable para la empresa extranjera.
Con esta resolución, la empresa extranjera llevó el caso a un Tribunal del Distrito Federal de Washington; sin embargo, en 2014 la justicia estadounidense dictaminó que «la República de Honduras no tiene obligación de pagar la deuda de USAID-FHIS y que Honduras tiene inmunidad soberana».
Finalmente, tras varios intentos por obligar a los hondureños a pagar la deuda, haciendo uso de la colusión de funcionarios, jueces y magistrados, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) condenó al Estado a pagar la subcontratación de NAINSA por un valor de 351 millones de lempiras y 42 millones más por honorarios profesionales.
Al mismo tiempo, la anterior CSJ, que dirigía Rolando Argueta, socio cercano del narcotraficante y exgobernante Juan Orlando Hernández, con la misma resolución que se dio luego del golpe de Estado, condenó a que los hondureños paguen a DRC INC. la suma de 2,600 millones de lempiras adicionales a lo que ya se había desembolsado.
Por este caso , el Ministerio Público emitió requerimiento fiscal contra Márquez y la exprocuradora, de igual manera, contra la excoordinadora general de Gobierno, Vicenta Dobado Andara; exdirectora legal de Sedecoas-FHIS, Eva María Vásquez; y apoderado legal de NAINSA , Juan Fernando Madrid.
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