“Nuestra institución se desvincula de la gestión realizada por el exdirector de la Tasa de Seguridad Poblacional, Juan Ramón Molina”, así ha reaccionado el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), tras que la Fiscalía iniciara acción judicial conra su exrepresentante en el Consejo Técnico del “Tasón”, por el desfalco de 18 millones de lempiras.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. En un pronunciamiento oficial, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), acusó que como ente gremial que representa a “los buenos empresarios” no puede responder por acciones individuales, desligándose completamente del caso de corrupción sobre la Tasa de Seguridad Poblacional (TSP) o “Tasón”.
El pasado lunes, el Ministerio Público presentó requerimiento fiscal contra el excoordinador del “Tasón”, Juan Ramón Molina, siendo éste representante del sector privado, habría actuado para favorecerse con al menos 18 millones de lempiras.
En ese sentido, el máximo ente empresarial confirmó que si bien es de sus funciones elegir un representante en la delegación de la TSP, “estas personas están obligadas a actuar con honorabilidad, responsabilidad y en el marco de las leyes”.
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“Nuestra institución se desvincula de la gestión realizada por el exdirector de la Tasa de Seguridad Poblacional, Juan Ramón Molina, circunstancia exclusivamente a su ámbito de responsabilidad personal”, dicta el documento.
Además, el ente señaló que “en ningún caso” puede ser responsable de la conducta de Molina, ya que éste no informó en detalle las acciones realizaban en el Comité Técnico ni en el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, “aún menos el supuesto proceder delictivo que la justicia le imputa”.
La institución recalcó que siempre ha respaldado las acciones judiciales emprendidas por las autoridades contra aquellos que cometen ilícitos como la malversación de dinero público; sin embargo, calificó que el caso ha tomado un giro donde se elevó “campaña de desprestigio” de funcionarios.
La acusación contra Molina
Según la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial (UF-ADPOL), la acción también involucra a la gerente de la empresa Plasticards S.A., Liana María Mayorga Castillo, ésta ya había sido capturada.
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Según el reporte, un total de 18,547,200 lempiras fueron sustraídos para suministrar tarjetas PVC que se usarían en la emisión de licencias de conducir, lo que ha significado una acción judicial por supuesto abuso de autoridad, fraude y lavado de activos.
En diciembre 2021 la Secretaría de Seguridad adjudicó “irregularmente” la compra de 480 mil insumos a Plasticards S.A., “la cual había sido constituida apenas dos meses antes de ser beneficiafa con el contrato”; y, según la investigación solo 258,000 fueron registradas en el país.
El 22 de enero de 2022 –cita el comunicado oficial–, es decir, cinco días antes que iniciara el nuevo Gobierno, la Secretaría de Seguridad pagó los 18.5 millones a Plasticard S.A. y tres días después Mayorga Castillo, transfirió 17 millones a la empresa “Inversiones MyMY S. de R.L.”, propiedad de Molina Rodríguez, quien tenía prohibido negocios con el Estado por su cargo en la Tasa de Seguridad o “Tasón”.
La investigación reveló que oficialmente el contrato era de la empresa de Mayorga (Plasticards), pero los insumos fueron importados desde Estados Unidos por la empresa de la cual Molina es socio propietario.
Por este caso, la Fiscalía aseguró siete bienes inmuebles, dos vehículos, 37 cuentas bancarias y 5 sociedades mercantiles vinculadas a los imputados.
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