La Secretaría de Gobernación aclaró que la denuncia por actos de corrupción que presentó el Consejo Anticorrupción contiene una investigación equivocada, ya que fue hecha con información que la propia entidad facilitó a la oenegé.
Además, desde Gobernación se ha iniciado un proceso contra el caso en el que se acusa a una red de corrupción que manejó fondos que fueron malversados a través de oenegés, las cuales fueron depuradas.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. La Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (Segob) se pronunció este martes ante la denuncia presentada por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), que señala una supuesta red de corrupción en el manejo de fondos destinados a Organizaciones No Gubernamentales (ONG) entre los años 2022 y 2023.
La directora del CNA, Gabriela Castellanos, denunció ante el Ministerio Público (MP) que la Secretaría habría entregado supuestamente 103 millones de lempiras a ONG no gubernamentales y allegados de políticos.
Castellanos señaló que, una vez asignados los fondos, las ONG realizaban contrataciones privadas dirigidas, asegurando que empresas y contratistas vinculados a políticos recibieran los proyectos de infraestructura menor, ayudas sociales y becas.
En respuesta, la Segob aseguró que desde 2023 se iniciaron auditorías internas para revisar irregularidades heredadas de la administración anterior y, como parte de estas medidas, fueron dadas de baja las ONG señaladas y separado de sus cargos el personal involucrado, incluida la entonces gerente administrativa, Pinto Dubón.
Asimismo, la institución señaló que las organizaciones no gubernamentales mencionadas en la denuncia fueron remitidas desde febrero de 2024 al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), siendo este el ente competente y facultado para realizar las auditorías correspondientes.
La Secretaría también recalcó que todos los fondos asignados en los presupuestos generales de ingresos y egresos fueron liquidados y presentados en los informes de auditoría y rendición de cuentas.
“Equivocadamente el CNA refiere que el titular de esta Secretaría de Estado (Tomás Vaquero), ‘determinó que la selección y autorización de ONG’s quedaría a cargo de diputados del Congreso Nacional’, olvidando que tal potestad, conforme a los decretos legislativos y contentivos del Presupuesto General de la República, corresponde al Congreso Nacional y no a esta Secretaría de Estado ni a su titular”, señaló el comunicado.
De igual manera, la Segob sostuvo que la denuncia confirma que era el Congreso Nacional quien autorizaba los fondos a diputados, mientras que la participación de esta Secretaría se limitaba únicamente a la gestión administrativa.
“Lamentamos que la ausencia de una investigación seria, imparcial y objetiva lleve a esta organización a presentar información distorsionada y errónea, puesto que de forma parcial la Sra. Gabriela Castellanos pretende confundir a la ciudadanía con intereses meramente políticos, como lo han hecho desde el inicio de este Gobierno”, indicó.
Y agregaron que son un “organismo ejecutor ni fiscalizador de recursos financieros” y que esos procedimientos corresponden a la instancia ejecutora y la fiscalización al Tribunal Superior de Cuentas.
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