Informes oficiales de la Secretaría de Finanzas, apuntan que al menos 130 contratos firmados por la Tasa de Seguridad presentan sobrevaloración y que este “impuesto” solo sumó a la ya pesada deuda del país en 11,000 millones de lempiras.
Ante esto, el titular de Finanzas, Christian Duarte, ha cuestionado la no reacción del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), aun cuando ayer se presentó requerimiento fiscal contra el representante de ese sector en el “Tasón”, Juan Ramón Molina.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El titular de la Secretaría de Finanzas (Sefin), Christian Duarte, cuestionó el silencio del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), frente a los actos de corrupción cometidos por el excoodirnador de la Tasa de Seguridad Poblacional, conocida popularmente como “el Tasón”, durante la administración de Juan Hernández (2014- enero 2022).
Duarte señaló que la dirigencia empresarial privada padece de “amnesia selectiva” respecto a los crímenes y la corrupción público-privada cometidos bajo la figura del “Tasón”.
A través de una publicación de “X”, el funcionario reclamó que el “Tasón” fue codirigido por el Cohep y la administración de Hernández, y que “gastaron 28,866.41 millones entre 2012 y julio de 2022, de forma secreta y sin rendir cuentas al público”.
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Asimismo, indicó que el fideicomiso dejó una deuda millonaria de 11,000 millones de lempiras, de los cuales 3,800 corresponden a la banca nacional y 7,500 millones a “proveedores”.
Además, que ya Sefin había presentado ante el Ministerio Público varios indicios de corrupción, sobre todo en la sobrevaloración de más de 130 contratos “valorados en 5,000 millones (de lempiras)”.
Duarte también reveló irregularidades en la supuesta compra de 3,000 vehículos, de los cuales no existen actas de entrega ni reportes de ubicación.
“A esto se suman los casos judicializados por cortes en Estados Unidos que implican a directivos del ‘Tasón’ y a los representantes del Cohep por malversación de recursos públicos, abuso de autoridad, sobornos y lavado de dinero. Fue la moneda de cambio por el golpe de Estado de 2009”, expresó.
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De acuerdo a un informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos que detalla cómo, desde 2015, el exdirector del “Tasón”, Roberto Cosenza –que se declaró culpable por lavado de activos–, recibió sobornos de los empresarios estadounidenses Carl Alan Zaglin y Aldo Néstor Marchena.
Cosenza acordó otorgar contratos por más de 10 millones de dólares (más de 260 millones de lempiras), supuestamente destinados a la compra de bombas lacrimógenas, uniformes e insumos policiales, actuando por órdenes directas de Juan Hernández y otros funcionarios.
En el informe, se detalla que Cosenza utilizó el fideicomiso de la Tasa de Seguridad como un instrumento para canalizar sobornos mediante empresas de fachada y cuentas bancarias en Centroamérica y Estados Unidos.
Lujos
De acuerdo con Sefin en 2024 se reveló que Cosenza tuvo a su disposición una tarjeta de crédito con un límite de 1.2 millones de lempiras cargada al fideicomiso, que fue utilizada para gastos personales como boletos de conciertos, bebidas alcohólicas y viajes turísticos a diferentes países.
Además, documentó que el exdirector ejecutó contratos fuera de la naturaleza del fideicomiso, entre ellos, la construcción de edificios y centros penitenciarios, la compra de 4,000 patrullas, el alquiler de helicópteros, adquisición de cámaras de seguridad y escáneres para aeropuertos, armas, municiones e incluso la compra del avión presidencial.
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