La Fiscalía ha incautado siete bienes inmuebles, dos vehículos, 37 cuentas bancarias y 5 sociedades mercantiles vinculadas a la “empresaria”, Liana Mayorga y al excoordinador de la Tasa de Seguridad –representante del Cohep–, Juan Ramón Molina por defraudar más de 18 millones de lempiras en un esquema que involucra sistemas financieros de Estados Unidos y Francia.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. La Fiscalía del Ministerio Público (MP), informó esta mañana que se ha presentado un requerimiento fiscal contra el excoordinador del fideicomiso de la Tasa de Seguridad Poblacional, Juan Ramón Molina Rodríguez, quien era el representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), por supuesto fraude de más de 18 millones de lempiras.
La acción fue presentada por la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial (UF-ADPOL) y, además de Molina involucra a la gerente de la empresa Plasticards S.A., Liana María Mayorga Castillo, ésta ya había sido capturada.
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Según el reporte, un total de 18,547,200 lempiras fueron sustraídos para suministrar tarjetas PVC que se usarían en la emisión de licencias de conducir, lo que ha significado una acción judicial por supuesto abuso de autoridad, fraude y lavado de activos.
En diciembre 2021 la Secretaría de Seguridad adjudicó “irregularmente” la compra de 480 mil insumos a Plasticards S.A., “la cual había sido constituida apenas dos meses antes de ser beneficiafa con el contrato”; y, según la investigación solo 258,000 fueron registradas en el país.
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El 22 de enero de 2022 –cita el comunicado oficial–, es decir, cinco días antes que iniciara el nuevo Gobierno, la Secretaría de Seguridad pagó los 18.5 millones a Plasticard S.A. y tres días después Mayorga Castillo, transfirió 17 millones a la empresa “Inversiones MyMY S. de R.L.”, propiedad de Molina Rodríguez, quien tenía prohibido negocios con el Estado por su cargo en la Tasa de Seguridad o “Tasón”.
La investigación reveló que oficialmente el contrato era de la empresa de Mayorga (Plasticards), pero los insumos fueron importados desde Estados Unidos por la empresa de la cual Molina es socio propietario.
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“Los imputados también utilizaron empresas internacionales y los sistemas financieros de Estados Unidos y Francia para triangular y lavar estos millonarios fondos provenientes del presupuesto nacional”, dicta el documento.
Por este caso, la Fiscalía aseguró siete bienes inmuebles, dos vehículos, 37 cuentas bancarias y 5 sociedades mercantiles vinculadas a los imputados.
Comunicado íntegro:
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