El diputado nacionalista, Nelson Márquez, junto a otros enjuiciados, esta tarde fueron presentados ante los tribunales, acusados de formar una red de estafa contra el Estado de Honduras para saquear más de 3,000 millones de lempiras; hoy, al ser llevados ante el juez que dictará si continúan en prisión preventiva, Márquez visiblemente aterrado, bajó del carro policial en trance de ira y nervios.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El subjefe de la bancada del Partido Nacional, Nelson Márquez, fue presentado esta tarde a la audiencia inicial junto a otros cuatro imputados, acusados de integrar una red de estafadores que saqueó más de 3,000 millones de lempiras del Estado de Honduras.
Marquez, una de las voces de la oposición fanatizada y virulenta, llegó vistiendo una camisa blanca, jeans tipo vaquero, esposado y muy alterado que delataba nerviosismo, de pronto, apretaba las mandíbulas con ira y levantaba sus puños, repitiendo la consigna: “Viva Honduras”.
Junto a Marquez se presentaron Eva María Vásquez, Raymond Gradiz Viloria y los abogados Juan Fernando Madrid Lezama y Caronte Rojas Zavala, todos detenidos desde el 31 de julio en el Centro Penitenciario Nacional de Támara.
La audiencia inicial busca evaluar las pruebas presentadas por el Ministerio Público, que los acusa de integrar una red que defraudó al Estado por más de 3 mil millones de lempiras.
Según la Fiscalía, la estructura operó desde el año 2000 tras el huracán Mitch, cuando el Estado adjudicó irregularmente un contrato a la empresa estadounidense DRC.Inc, quien subcontrató a otra compañía hondureña, proceso que fue deslegitimado por fiscales de Estados Unidos que ordenaron a Honduras no culminar con lo pactado entre ambas empresas.
Aunque el contrato fue cancelado por inconsistencias, años después ambas empresas iniciaron demandas fraudulentas amparadas en un laudo arbitral inválido que inició en 2006, pero que se consolidó con el golpe de Estado de 2009.
Y, aunque en 2014 la demanda se llevó a cortes internacionales, quienes fallaron a favor de Honduras, finalmente, durante la gestión de Rolando Argueta en el Poder Judicial (2016-2023), se logró condenar al Estado a pagar millonarias sumas de dinero a las empresas.
Las autoridades sostienen que este mecanismo permitió desviar millonarios fondos públicos mediante contratos irregulares, reclamaciones ficticias y resoluciones sin validez legal.
Por ello, el caso ha sido calificado como uno de los esquemas de corrupción más graves de los últimos años.
Las diligencias judiciales continúan y se prevé que el juez emita resolución en las próximas horas; el Ministerio Público advirtió que podrían ejecutarse nuevas órdenes de captura contra otros posibles responsables.
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