La presidenta Xiomara Castro, ha pedido celeridad al equipo legal que trabaja en el nuevo Estatus de Protección Temporal (TPS); ayer, la Corte Federal de California anuló la suspensión de esta medida que beneficia a más de 50 mil hondureños en Estados Unidos y, estaban “seducidos”, por propuestas de María Salazar, la congresista republicana que “defiende” migrantes y aplaude que los manden a prisiones en pantanos de cocodrilos en Florida.
La oposición hondureña, buscó perfilarse con la “Ley Dignidad” que presentó Salazar, acompañada del presidenciable liberal, Salvador Nasralla y otros dirigentes; no obstante, para el analista Julio Navarro, aunque la propuesta es buena, presenta un panorama surrealista y de confusión: Donald Trump no va a cambiar su política antimigración por solicitud de dos figuras inadvertidas como Salazar y Nasralla.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Los elogios que la congresista cubano-estadounidense, María Elvira Salazar, dio a la prisión de migrantes en uno de los pantanos de Florida –“Alligator Alcatraz”– no solo la ha puesto en una posición insólita como promotora de la “reforzada Ley Dignidad”, ha confirmado que su propuesta es una nueva expresión de ataque contra hondureños y el Gobierno de Xiomara Castro.
El martes 15 de julio, Salazar y Verónica Escobar (congresista demócrata por Texas), hicieron acto público en Washington DC para “exigir” a Donald Trump, que anote la “Ley Dignidad” que busca regular el estatus migratorio de indocumentados que hayan vivido en Estados Unidos más de cinco años, no tengan antecedentes penales y que puedan pagar al Gobierno 7,000 dólares, entre otros puntos.
Activistas “interesados” en migrantes acompañaron a Salazar y Escobar, entre ellos, el presidenciable del Partido Liberal de Honduras (PLH), Salvador Nasralla, que tomó el tema de Estatus de Protección Temporal (TPS, siglas inglés), como arma de campaña contra Castro y para perfilarse entre el voto de hondureños en el exterior.
El TPS había sido cancelado el pasado 8 de julio para Honduras, Nicaragua y Nepal, por criterio de la secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem, quien determinó que las condiciones en sus países de origen ya no justificaban la protección que se les había otorgado.
Inmediato, la prensa tradicional hondureña a tono con la oposición, perfiló que la cancelación del TPS era una reacción directa de la administración de Donald Trump a las políticas sociales de Castro; portadas y foros, sobraron. Pero anoche, el escenario cambió, la jueza Trina Thompson de la Corte Federal de California, falló a favor de una moción que extiende el TPS hasta el 18 de noviembre de 2025.
De esa forma, la calma ha retornado a más de 50 mil inmigrantes hondureños que después de haberlo perdido todo con el huracán Mitch en 1998 –mientras una red político-criminal drenó 3,000 millones de lempiras–, hicieron toda una vida en EE.UU. y, esos compatriotas, hoy cuentan con el apoyo de Castro, que ha dicho: “Mi equipo de Gobierno acompañará en forma total, constante y firme, la defensa de sus derechos”.
No hubo portadas ni foros que destaquen la extensión del TPS y los escenarios para que Honduras logre renovar ese sistema, aun hoy el mensaje es que el Gobierno Castro es responsable de la cancelación y punto.
Pero el analista hondureño, Julio Navarro, tiene claro que ese sector de oposición –que tiene el respaldo de Salazar– que ha generado esa idea, está confundida o de forma maliciosa pretende sostener un discurso que es falso para intentar pelear el 30 de noviembre en elecciones generales, pues el TPS no se ha cancelado como respuesta directa a la propuesta política de Libertad y Refundación (Libre).
“Estos partidos (de oposición) plantean que la no renovación del TPS es por culpa del Gobierno e ignoran la política anti-inmigrante que tiene EE.UU. que no hace distinciones entre una nacionalidad y otra”, recalcó el sociólogo.
Navarro advirtió que estos sectores argumentan que en El Salvador sí se renovó el TPS pero omiten que fue ya una orden firmada por el saliente presidente Joe Biden y que actualmente, la administración de Trump no ha renovado ningún mecanismo para favorecer migrantes y lo que es peor, que los opositores aquí “celebraron con euforia desbordada el triunfo de Trump”.
Aunque en Honduras la oposición vende a Salazar como una respetable representante del Senado –siendo una de las que ha tejido la red de conspiración–, el analista Navarro tiene claro que ésta “no tiene peso político” y que solo es “importante” entre su círculo conservador de Miami, y que además es totalmente contradictoria porque sus discursos solo están a favor de algunos migrantes.
Al respecto de la iniciativa, Navarro es claro que Salazar está utilizando el tema migrante junto a actores del bipartidismo hondureño, para promoverse ante la sociedad nacional, pero que estas acciones no son del todo negativas si su propósito es noble, “pero tampoco es para hacer creer a la población que una iniciativa de ese alcance se aprobará por la presión que ejerzamos desde Honduras”.
El analista insiste que la oposición está muy confundida respecto a sus alianzas en EE.UU. al no encontrar “suficiente eco en la ciudadanía”, porque hacen creer que variables externas como Salazar van a tener soporte de Trump y lograr un cambio en su política para “salvar” a los hondureños, omitiendo que el gobernante hasta rompió su alianza con el magnate Elon Musk, una figura clave en su victoria.
“No veo que haya alguna condición favorable para que el señor Trump pueda echarse atrás y definir otro tipo de políticas favorables a algunos sectores de inmigrantes en forma selectiva. Me parece que la acción de estas personas que van a Estados Unidos es parte de la confusión de las relaciones electorales que hay en nuestro país”, dijo.
Mientras el oficialismo de Libertad y Refundación (Libre), gana fuerzas de cara al 30 de noviembre, según encuestas de empresas como Opinometro, el bipartidismo está protagonizando más escándalos por sus nexos al crimen.
Hace unas semanas el diputado liberal, Mauricio Villeda –hijo del presidente Ramón Villeda Morales (1957-1963)–, fue duramente criticado tras la publicación de un “narcovideo” grabado en 2013 cuando era aspirante presidencial y el pasado martes, el subjefe de la bancada del Partido Nacional, Nelson Márquez, fue arrestado por corrupción.
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