¡CASTIGO! ASÍ CAYÓ RED DE CORRUPCIÓN CREADA POR GOLPISTAS PARA ESTAFAR HONDUREÑOS

Según la documentación de la Secretaría de Finanzas, exfuncionarios, jueces y hasta colegios gremiales aprovecharon la coyuntura del golpe de Estado para demandar a Honduras y obligar a pagar millones de lempiras a empresas nacionales y extranjeras.

En 2023, en una de las últimas estrategias de la Corte de Rolando Argueta, buscó obligar al Estado a pagar más de 2,500 millones de lempiras a una empresa extranjera y por este caso, está siendo juzgado el “subjefe” del Partido Nacional, Nelson Márquez.

Redacción Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. “No vamos a pagar ni un tan solo lempira de la Caja Única del Tesoro a las redes de corrupción”, sentenció en febrero de 2023 la entonces secretaria de Finanzas, Rixi Moncada, sobre el caso por el cual hoy está siendo juzgado el subjefe de bancada del Partido Nacional, Nelson Márquez, cuya red supuestamente estafó al Estado de Honduras por más de 3,000 millones de lempiras.

Márquez, a quien se le dictó medidas de detención judicial, es actualmente diputado del Partido Nacional y segundo en liderar a los congresistas de su partido dentro del Legislativo; además, fungió como titular de la Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (Sedecaos), siendo uno de los presuntos actores en el desfalco al Estado.

Las irregularidades del caso remontan hasta la tragedia del huracán Mitch en 1998, que dejó luto y caos en el pueblo hondureño y, para reconstruir el país, la Agencia Estadounidense de Cooperación (USAID – siglas en inglés) cooperó junto al Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) mediante una licitación que permitió otorgarle un contrato a la estadounidense DRC INC.

Sin embargo, DRC INC. subcontrató a la empresa hondureña Nacional de Ingenieros S.A. (NAINSA), pero la justicia de Estados Unidos intervino al considerar ilegal el contrato derivado y, a través de fiscales especiales enviados desde el país norteamericano, se le ordenó al Estado hondureño no pagar las últimas obras pendientes de realizar.

Golpe de Estado permitió corrupción

En el documento presentado por la Secretaría de Finanzas (SEFIN), se menciona que entre 2007 y 2009 se organizó una demanda contra el Estado de Honduras que primero se llevó al Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT), pero fue con el golpe de Estado de 2009 que, a través de un arbitraje coludido con el Colegio de Abogados de Honduras (CAH), se dictó una resolución a favor de DRC INC.

Con esta resolución, la empresa extranjera llevó el caso a un Tribunal del Distrito Federal de Washington fundamentado con el laudo arbitral —resolución judicial— que dictaminó el CAH; sin embargo, en 2014 la justicia estadounidense dictaminó que “la República de Honduras no tiene obligación de pagar la deuda de USAID-FHIS y que Honduras tiene inmunidad soberana”.

Es así como, después de decenas de trampas que se evidencian en las acciones de funcionarios del Poder Ejecutivo post-golpe, FHIS, Sedecoas, la Procuraduría General de la República (PGR) y en los expedientes administrativos y judiciales por más de 10 años, finalmente la Corte Suprema de Justicia (CSJ) hondureña condenó al Estado a pagar la subcontratación de NAINSA por un valor de 351 millones de lempiras y 42 millones más por honorarios profesionales.

La SEFIN también denunció que NAINSA demandó al Estado por 1,200 millones de lempiras contra la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), argumentando daños y perjuicios en un contrato en el cual el país fue condenado.

El documento fue publicado en un contexto donde, la anterior CSJ, que dirigía Rolando Argueta, socio cercano del narcotraficante y exgobernante Juan Orlando Hernández, con la misma resolución que se dio durante la dictadura que se instaló en el país luego del golpe de Estado de 2009, condenó que los hondureños pagaran a DRC INC la suma de 2,600 millones de lempiras adicionales a lo que ya se había desembolsado a NAINSA.

“Asumimos desde la SEFIN nuestro rol patriótico de no entregar ni un tan solo lempira para el pago de las redes de corrupción acostumbradas a asaltar al Estado utilizando al Poder Judicial. Desde el Gobierno de la República vamos a privilegiar el interés social sobre el interés particular”, sentenció Moncada en 2023.

Finalmente, el Ministerio Público presentó requerimiento fiscal contra el titular de Sedecoas en ese entonces, Nelson Márquez, así como a Juan Fernando Madrid, Caronte Rojas Zavala, Eva Vásquez y el juez Raymond Esaú Gradiz, todos enviados a la cárcel de Támara con detención judicial; otro imputado, Eduardo Chávez, enfrentará el proceso bajo arresto domiciliario.