El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, sentenció que no cederá ante chantajes del bipartidismo (Partido Liberal y Nacional) para aceptar la renuncia condicionada de la consejera Ana Paola Hall, puesto que ésta es “ilegal” y, al contrario, trasladará las denuncias de la funcionaria ante el Ministerio Público para que investigue los ataques partidarios en su contra.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, denunció públicamente que la consejera electoral, Ana Paola Hall, ha sido víctima de presiones, amenazas e intimidación por parte de autoridades partidarias luego que la funcionaria del Consejo Nacional Electoral (CNE) explicará los motivos por el cual presentó su renuncia “condicionada” ante el órgano legislativo.
Hall –en su renuncia– fue crítica con el instituto político que la abandera, el Partido Liberal, denunciando la presión partidaria que no está en “obligación de obedecer, y menos aún si lo exigido carece de fundamento jurídico”, lo que ocasionó una reacción negativa en su contra.
“Como respuesta, recibimos la embestida despiadada de quienes exigían sometimiento absoluto de la representante liberal al discurso nacionalista, e insólitamente, entre otros, de exigua militancia en el Partido, de personas inconstantes en su afinidad política, que hoy resultan ser autoridad partidaria, cuestionando agresiva e irrespetuosamente a una liberal íntegra de toda la vida. La apología del odio iniciada ocasionó el riesgo para la integridad de mi hija. Los hechos públicos no pueden negarse o ignorarse y así quedarán en la historia”, citó Hall.
En ese contexto, el presidente Legislativo criticó que estos actos de intimidación buscan forzar a la consejera a tomar decisiones fuera del marco legal y constitucional, y habrían motivado su reciente renuncia “condicionada” al cargo y que esto deja en evidencia que “se está gestando una ruptura del orden constitucional”, garantizando que desde el Legislativo se darán instrucciones para garantizar la seguridad de Hall.
Asimismo, hizo un llamado a la Secretaría de Derechos Humanos para que intervenga en su protección y solicitó formalmente al Ministerio Público que actúe de inmediato, citando el artículo 246 del Código Penal, que castiga las amenazas y coacciones contra funcionarios públicos recordando que, conforme al artículo 269 del Código Procesal Penal, existe la obligación legal de denunciar este tipo de delitos de acción pública.
“Ofrecemos toda la seguridad necesaria a la consejera Ana Paola Hall y pedimos investigar la injerencia indebida de actores políticos en un órgano autónomo del Estado”, expresó y añadió que conformará una comisión especial de investigación integrada por diputados de diferentes bancadas para dar seguimiento a la denuncia y remitir al Ministerio Público la nota de renuncia presentada por Hall, como elemento clave en el inicio del proceso.
Renuncia “condicionada” es ilegal
Más allá de la denuncia de coacción, el presidente del Congreso Nacional explicó que la renuncia presentada por Ana Paola Hall contiene una condición que resulta inconstitucional e improcedente, ya que según la nota recibida por la Secretaría del Congreso el pasado 27 de julio, Hall manifiesta que su dimisión solo tendrá efecto si en el mismo acto se elige a su sustituto propuesto por el Partido Liberal, lo que para Redondo representa una imposición incompatible con la legislación vigente.
“El Congreso no puede admitir una renuncia condicionada. No existe en la Constitución ni en ninguna ley un mecanismo que faculte a un funcionario a establecer condiciones a un poder del Estado”, explicó, amparándose en el artículo 205 numeral 12 de la Constitución, que otorga exclusivamente al Congreso la potestad de admitir o no la renuncia de altos funcionarios que él mismo eligió.
El titular del Legislativo señaló que aceptar una renuncia bajo condiciones sentaría un mal precedente institucional y atentaría contra la seguridad jurídica, el principio de legalidad y la independencia del Congreso Nacional. “Se estaría permitiendo que se impongan restricciones al pleno para tomar decisiones soberanas”, remarcó.
En su intervención, Redondo también aclaró que el procedimiento de aceptación de renuncias y el de elección de sustitutos son actos distintos, con objetivos y marcos normativos diferentes; según el artículo 26 de la Ley Electoral, la elección de un nuevo consejero solo puede realizarse una vez que el cargo esté oficialmente vacante, es decir, después de aceptada la renuncia.
Como presidente del Congreso, Redondo sostuvo que posee la facultad legal para rechazar de plano solicitudes que se aparten del marco constitucional, como lo sería la presente renuncia condicionada. Añadió que imponer condiciones a un poder del Estado, sobre todo bajo presiones externas, “es ilegal, inaceptable y constituye un crimen contra el orden institucional”.
Finalmente, reiteró que el Congreso Nacional no se someterá a chantajes ni presiones políticas y que la agenda legislativa se construirá conforme a la ley y que no se dará trámite a peticiones que pretendan imponer condiciones fuera del marco constitucional.
La sesión legislativa fue suspendida tras el anuncio, con el compromiso de convocar posteriormente para continuar el análisis del caso. El Congreso reafirmó su compromiso de velar por la legalidad, la independencia de los poderes del Estado y la protección de los funcionarios que enfrentan amenazas en el ejercicio de sus cargos.
Deja un Comentario