El exdirector de la Tasa de Seguridad, Francisco Roberto Cosenza, podría enfrentar una pena de hasta 30 años al declararse culpable de lavado de activos, confirmando que aceptó sobornos de ciudadanos estadounidenses con el fin de otorgarles contratos por alrededor de 10 millones de dólares para suministrar uniformes y otros insumos a la Policía Nacional.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El exdirector de la Tasa de Seguridad de Honduras, Roberto Cosenza, se declarará culpable ante la Fiscalía de los Estados Unidos por el delito de lavado de activos al integrar una red de corrupción transnacional que operó durante el gobierno de Juan Orlando Hernández (2014-2022), según las investigaciones.
De acuerdo con el portal Honduras Pro-Network, entre las pruebas que la fiscalía estadounidense presentará ante el tribunal figuran contratos “inflados” y millonarios pagos de sobornos, así como la mención de un empresario hondureño de apellido Facussé.
Asimismo, El LIBERTADOR tuvo acceso a un informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos, el cual revela que desde 2015 los empresarios estadounidenses Carl Alan Zaglin y Aldo Néstor Marchena acordaron sobornar a funcionarios hondureños, entre ellos Cosenza, a fin de asegurar contratos por más de 10 millones de dólares (equivalentes a aproximadamente 260 millones de lempiras) con la Tasa de Seguridad.
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La fiscalía detalló que los sobornos estaban destinados a adquirir bombas lacrimógenas, uniformes y otros insumos policiales, y según versiones, Cosenza actuó por instrucciones directas de Juan Orlando Hernández y otros miembros de su gabinete.
El informe detalla que del llamado Fondo de Protección y Seguridad Poblacional (“TASA”), Cosenza lo utilizó como instrumento para canalizar los sobornos mediante el control de empresas de fachada y cuentas bancarias tanto en Centroamérica como en Estados Unidos.
Además, la Fiscalía señaló que Cosenza constituyó una empresa denominada «Pantalla Offshore 2» en el año 2015, con domicilio en la Ciudad de Belice, Belice, esta entidad fue utilizada como uno de los vehículos para recibir y ocultar pagos de sobornos provenientes de empresarios vinculados al esquema de corrupción.
Asimismo, el tribunal estadounidense detalló que los empresarios Carl Alan Zaglin y Aldo Néstor Marchena viajaron a Honduras el 28 de abril de 2015, donde sostuvieron reuniones con representantes de la Policía Nacional Hondureña.
Durante ese encuentro, firmaron un primer contrato con la “TASA” para suministrar uniformes y accesorios policiales, a cambio de un pago que superaba los 4,8 millones de dólares.
Según la Fiscalía del estado de Florida, el exfuncionario también controlaba la entidad denominada en el informe como «Compañía Pantalla Offshore 1», la cual operaba desde 2016 y recibió fondos ocultos a través de cuentas vinculadas a Aldo Néstor Marchena; estas transferencias se realizaron desde Belice, como parte de la red de lavado de activos.
Además, el exfuncionario hondureño dirigía la «Compañía Pantalla de EE. UU. 1» –según el documento—, con operaciones en el estado de Florida, que comenzó a recibir sobornos a partir de marzo de 2017. Esta compañía fue clave para mantener el flujo de fondos ilícitos dentro del territorio estadounidense, según el informe judicial.
La Fiscalía también reveló que Cosenza constituyó una empresa de fachada en el estado de Nueva York, con sede en Pensilvania, especializada en la fabricación de equipo militar y policial, incluyendo contenedores de gas lacrimógeno. Esta estructura permitió camuflar las operaciones comerciales relacionadas con el esquema corrupción.
Finalmente, el exdirector de la Tasa de Seguridad estableció una sociedad de responsabilidad limitada con sede en el Distrito Sur de Florida, la cual sirvió para dar continuidad al mecanismo de sobornos y transferencias ilícitas que había montado junto con sus socios internacionales
Cargos y posibles penas
Los delitos que lo juzga la fiscalía estadounidense a Cosenza son: Conspiración para cometer lavado de activos, lavado de activos, transacciones derivadas de actos criminales.
Cosenza enfrentaría una pena máxima de 20 años de prisión por cada uno de los delitos de lavado de activos que se le imputan, además de otros 10 años por su participación en transacciones con bienes derivados de actividades delictivas.
Asimismo, podría ser condenado a cinco años de cárcel adicionales por cada violación a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés), la cual penaliza actos de corrupción cometidos por funcionarios públicos fuera de Estados Unidos.
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