¡IRÓNICO! SALAZAR ELOGIA CÁRCEL CON COCODRILOS DE TRUMP PARA MIGRANTES

A tan solo días de haber presentado una propuesta de ley con la que pretende “ayudar a migrantes”, la congresista republicana, María Elvira Salazar, visitó la cárcel que habilitó Donald Trump para migrantes en medio de pantanos habitados por lagartos y serpientes, la cual calificó de un lugar con buenas condiciones para los indocumentados.

Salazar afirmó que el centro de detención cuenta con “celdas limpias” y espacios en “buen estado y bien presentados”, ignorando las críticas de defensores de los derechos migrantes hacia la cárcel que no cuenta ni con agua potable.

Redacción Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. La congresista cubano-estadounidense María Elvira Salazar, abiertamente opositora –de manera injerencista– a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, visitó el centro de detención para migrantes Alligator Alcatraz, en los Everglades del estado de Florida, el cual calificó de tener “jaulas limpias”.

Con tono triunfalista, afirmó en una entrevista para Fox & Friends que las instalaciones están “en buen estado”, que hay áreas recreativas, Biblias en español y “las jaulas están limpias”.

La prisión ha causado indignación y ha sido ampliamente criticada, sobre todo por organismos de derechos humanos que denuncian condiciones “inhumanas”, como calor sofocante, hacinamiento, falta de agua potable, comida en mal estado y luz artificial permanente, según recoge el portal de información web El Toque.

El portal critica la contrariedad de Salazar al apoyar este centro de reclusión, luego de presentar un proyecto de ley al que nombró “Ley Dignidad” para apoyar a migrantes que son afectados por las radicales políticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mismas que la congresista apoya.

La ley propone otorgar un estatus legal temporal de hasta siete años a inmigrantes indocumentados con más de cinco años en EE. UU., que no tengan acceso a beneficios federales ni vía directa a la ciudadanía; cabe destacar que, durante la presentación de la ley, la acompañó el candidato presidencial del Partido Liberal de Honduras, Salvador Nasralla, quien asistió junto a políticos de su círculo cercano.

Sin embargo, el portal es crítico con la propuesta de Salazar, que no sería algo gratuito ni automático para los que se pretenden beneficiar, ya que uno de los pilares del programa es el pago de una multa que rondaría los siete mil dólares, reteniendo parte de los salarios por un lapso de tiempo para garantizar el pago.

Además, la propuesta plantea que, con ese dinero, se financie el programa sin recurrir a fondos públicos ni aumentar los impuestos.

Esta ley también obligaría a todas las empresas a usar el sistema E-Verify para verificar electrónicamente el estatus migratorio de sus empleados, y, aunque suena moderno, la herramienta ha sido señalada como propensa a errores y a fomentar la discriminación laboral, así como a bloquear las posibilidades para personas que no tienen un estatus legal.

De igual forma, la ley contempla la creación de “campus humanitarios” en la frontera sur y en países de América Latina, lo cual, en la práctica, podría traducirse en nuevas formas de detención prolongada sin las debidas garantías legales.

Bajo esta iniciativa, la dignidad migrante parece convertirse en un producto de mercado: pague su multa, no reclame derechos y, sobre todo, no aspire a ser ciudadano.

Como señala El Toque, la narrativa de Salazar intenta mezclar “compasión” con “orden legal”, pero sin ofrecer una salida digna ni segura a quienes ya han aportado durante años a la economía estadounidense.

Salazar contra Honduras
Para los hondureños, el nombre de María Elvira Salazar no es ajeno. Desde la llegada al poder de la presidenta Xiomara Castro en 2022, la congresista ha mantenido una postura hostil, divulgando mensajes de odio y confabulándose con la oposición nacional para deslegitimar al actual gobierno.

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Se le ha visto reunida en varias ocasiones con figuras del bipartidismo tradicional –Partido Nacional y Partido Liberal– en lo que muchos analistas interpretan como parte de una estrategia de desestabilización coordinada desde fuera.

Aunque recientemente el Departamento de Estado de EE.UU. cambió su postura histórica de injerencia en procesos electorales de los países soberanos, la conspiración entre Salazar y el bipartidismo –que también incluye la prensa tradicional– sigue activa, al mismo tiempo que su proyecto de ley continúa ganando adeptos, sin representar una solución humanitaria para miles de indocumentados.