A meses de iniciar las elecciones generales en Honduras y en un exagerado interés de medios de comunicación y agentes de la oposición para que Estados Unidos altere los comicios, el Departamento de Estado anunció que no interferirá en procesos electorales a menos que “exista un interés claro y convincente […] para hacerlo». Orden que calla a María Salazar, injerencista que busca desestabilizar el país con apoyo de políticos golpistas.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció cambios en su política exterior con relación a su injerencia en eventos de elección popular que se desarrollan en los diferentes países del mundo, según una directiva interna hecha pública por el diario The Wall Street Journal.
Según un memorándum firmado por el secretario de Estado, Marco Rubio, los funcionarios estadounidenses deberán abstenerse de realizar comentarios públicos sobre elecciones fuera del país acerca de la “imparcialidad o integridad de un proceso electoral, su legitimidad o los valores democráticos del país en cuestión».
La decisión responde a la directriz de la actual administración del presidente Donald Trump, que ha enfatizado la noción de soberanía nacional como eje de su política exterior a través del proteccionismo, una política económica que busca proteger la producción nacional frente a la competencia extranjera.
La medida marca una ruptura con la práctica histórica de Washington, que solía emitir pronunciamientos públicos tras comicios en distintas partes del mundo, especialmente en países considerados adversarios.
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Sin embargo, el documento precisó que recurrirán a sus «viejas costumbres» cuando «exista un interés claro y convincente de la política exterior estadounidense para hacerlo».
En esos casos, las evaluaciones negativas del Departamento de Estado han sido utilizadas como herramientas diplomáticas para deslegitimar gobiernos, presionar cambios de régimen o justificar la imposición de sanciones económicas y restricciones políticas.
Uno de los episodios más recordados en cuanto a la injerencia estadounidense fue la crisis electoral en Honduras tras las elecciones generales de 2017.
En ese entonces, la encargada de negocios del país norteamericano en Honduras, Heide Fulton, fue protagonista en la controversia, pues lideró un escrutinio especial tras el conteo que se detuvo en varias ocasiones por “problemas en el sistema”, reimprimiendo actas (planchadas) que favorecieron a Hernández y avalaron su ilegal triunfo, en un fenómeno que después se conoció como la “curva de Batson” en referencia a uno de los facilitadores del fraude, el expresidente del Tribunal Supremo Electoral, David Matamoros Batson.
Este tipo de acciones generó críticas por lo que fue percibido como un doble rasero en la defensa de los principios democráticos; además, miles de hondureños protestaron por el fraude y fueron violentamente dispersados por fuerzas de seguridad del Estado al mando de Hernández, dejando múltiples violaciones a los derechos humanos y muertes.
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A lo anterior se suma la conspiración que lidera contra el actual gobierno la congresista republicana, Maria Elvira Salazar, quien desde que Xiomara Castro lidera el Ejecutivo de Honduras ha mantenido un discurso de odio y de oposición, a través de agentes dentro del bipartidismo –Partido Nacional y Liberal–, así como medios de comunicación tradicionales afines.
La injerencia de Salazar—de irrespeto al Estado de Honduras y al pueblo hondureño— solo es posible por políticos descarados y traidores, sin dignidad nacional y sin ánimos de libertad y autodeterminación de la Nación hondureña.
En los últimos días, sostuvo una reunión con el candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, quien junto a políticos allegados, acompañó a Salazar “en la presentación de la Ley Dignidad 2025, una propuesta que busca dar estatus legal y permiso de trabajo por siete años a quienes han vivido en EE.UU. desde antes de 2021”.
Sin embargo, la visita despierta suspicacia ya que, en audios filtrados y fuentes, la alianza entre Salazar y Nasralla, así como otros golpistas hondureños, se alinea a la estrategia de desprestigio del actual gobierno y, desde Estados Unidos intervenir en asuntos de política interna, buscando colocar en el país sus cuadros afines a Washington en las elecciones del 30 de noviembre en Honduras.
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