El proceso de elección general programado para el 30 de noviembre, ha entrado en un período de alto peligro por imposiciones en el sistema del bipartidismo y, ante la crisis actual, el experto en sociedades, Allan Fajardo, sugiere que el ordenamiento político del Estado evolucione a un nuevo modelo que permita mayor participación ciudadana superando el esquema tradicional de tres poderes.
Según Fajardo, que el Consejo Electoral, Registro de las Personas y Tribunal de Justicia Electoral se conviertan en entes técnicos no da garantías de una correcta administración.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. La inestabilidad política que atraviesa Honduras no es reciente ni un hecho novedoso, ya es un mal histórico que ha mostrado un nuevo síntoma en el Consejo Nacional Electoral (CNE) que, de cara a la contienda general del 30 de noviembre, hace relucir los intereses obscuros de partidos tradicionales que integran el órgano.
La situación se agravó luego de los comicios primarios, cuando desde el CNE se buscó deducir responsabilidad al Gobierno y Fuerzas Armadas (FF.AA.) y ganó más connotación tras que Marlon Ochoa –consejero de Libertad y Refundación (Libre), denunciara que el resto del pleno, conformado por Ana Paola Hall –Partido Liberal, en proceso de renuncia– y Cossette López –presidenta del CNE y representante del Partido Nacional–, intentara instalar un sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) que replica el utilizado en 2013 y 2017, ambos procesos catalogados como fraudulentos.
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En ese sentido, EL LIBERTADOR entrevistó al sociólogo y catedrático Allan Fajardo, quien analizó que la implementación de este nuevo sistema genera dudas en la ciudadanía y pone en riesgo todo lo que se logró en materia electoral desde 2021.
La crítica hacia este modelo radica en que, antes que el acta sea registrada y publicada oficialmente, deberá pasar por una “verificación” humana y, según sus críticos, esto constituye un peligro ya que es en esa etapa donde pueden ser manipuladas, como ocurrió en 2017 cuando la OEA –por ejemplo–, sugirió repetir toda la elección.
“Toda intervención humana, fuera de lo que está contemplado en la ley, genera suspicacias en la ciudadanía y en los observadores nacionales e internacionales”, enfatizó Fajardo.
En 2017, con la llamada “curva de Batson”, más de 3,000 actas fueron retenidas y alteradas para así dar como ganador al dictador Juan Orlando Hernández –hoy preso en Estados Unidos por narcotráfico– y este mismo modelo, según sus detractores, es el que pretende instalar el bipartidismo (Partido Nacional y Liberal).
Según el analista, esto genera incertidumbre y la sociedad merece procesos electorales donde haya “la mayor transparencia, que no haya intervenciones exógenas [es decir, intervenciones hechas por agentes externos] que no estén contempladas en la ley”.
Una de las críticas que diferentes sectores realizan es la intervención política en órganos como el CNE que, aunque a criterio de ley son organismos independientes, mantienen una fuerte influencia política por diversos motivos, dando sugerencia que éstos organismos pasen a ser entes técnicos.
Pero Fajardo es claro que Honduras, al ser un país muy politizado –donde cada sector defiende su interés particular– sería difícil lograr: “Para eso también tendría que haber consenso unánime entre las partes, porque la tradición ha sido que estos organismos se conviertan en un arma o del Gobierno de turno o de la oposición para una especie de ‘lawfare’, que es una guerra utilizando herramientas legales e institucionales”.
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Ante este escenario, Fajardo puntualizó la necesidad de una reestructuración que conlleve la creación de nuevos poderes del Estado, un modelo que ha sido replicado en otros países con la intención de crear transparencia y una correcta administración de los recursos de la nación.
“Tengo décadas insistiendo en que el viejo esquema de los tres poderes del Estado, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, debe evolucionar”, extiende el analista, consciente que en Honduras más allá de la simple reestructuración es una necesidad.
A criterio de Fajardo, Honduras necesita al menos seis poderes estatales, y confirmaría que el Estado y sus fuerzas han avanzado hacia una madurez política y equilibrio capaz de prevenir, sancionar y erradicar la corrupción y la impunidad.
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