Las consejeras electorales, Cossette López y Ana Paola Halla, siguen actuando alejadas de lo que impone la ley, critica el exmagistrado del extinto Tribunal Electoral, Marco Ramiro Lobo; lo anterior, tras realizar la licitación del sistema biométrico sin la asistencia de todo el pleno que conforma el Consejo Electoral.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Las consejeras electorales, Ana Paola Hall y Cosette López, recibieron la oferta de una sola empresa interesada en la implementación del sistema biométrico en las elecciones generales del próximo 30 de noviembre.
La licitación se llevó a cabo sin la participación del tercer miembro del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, lo que ha generado señalamientos sobre la legalidad del proceso.


Aunque la propuesta corresponde únicamente al sistema biométrico, el exmagistrado del extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE) y alcalde de Catacamas, Marco Ramiro Lobo, advirtió que preocupa el patrón con el que Hall y Cosette continúan actuando.
“Sigue imperando la ilegalidad en el Consejo Nacional Electoral al violentar el artículo 279 de la Ley Electoral, que mandata que los sistemas de transmisión de resultados deben ser aprobados por consenso”, declaró Lobo en entrevista para el medio de comunicación UNETV.
Según Lobo, estas contrataciones reflejan una conducta reiterada en la que ambas consejeras actúan fuera del marco legal y sin alcanzar el consenso que exige la ley; además, el exmagistrado alertó que las consejeras insisten en implementar un sistema que facilitó fraudes en los comicios de 2013 y 2017.
“Se montaron fraudes electorales, producto de la clasificación de las actas y la manipulación que permite porque hay por lo menos intervención humana en dos o tres etapas de este mismo proceso que lo vuelven vulnerable y restan credibilidad”, agregó.
Ante este escenario, el también edil remarcó que la ciudadanía debe mantenerse vigilante, ya que decisiones como las que impulsan las consejeras no solo atentan contra la legalidad, sino que colocan en riesgo la integridad de todo el proceso electoral.
Por ello, hizo un llamado al Ministerio Público para que actúe de oficio: “Hay un mandato expreso en el artículo 279. Si se está incumpliendo, corresponde investigar”.
Finalmente, Lobo llamó a la sociedad a rechazar cualquier intento de imponer un sistema sin legalidad ni transparencia. “Si las consejeras insisten en este camino, en el momento oportuno tendrán que responder ante la justicia”, concluyó.
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