El Ministerio Público confirmó hallazgo de bienes abandonados comprados con fondos del fideicomiso SITEC del Instituto de la Propiedad, el mismo que hace un año fue denunciado por autoridades gubernamentales, junto a otros esquemas, que afectó por alrededor de 95 mil millones de lempiras al tesoro nacional.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El Ministerio Público (MP) confirmó este miércoles el hallazgo de bienes abandonados adquiridos con fondos del cuestionado fideicomiso SITEC del Instituto de la Propiedad (IP), durante un allanamiento ejecutado en un predio ubicado en la aldea Río Hondo, salida hacia Olancho, en la periferia de Tegucigalpa.
En el lugar, fiscales y agentes decomisaron estufas, hornos, freidoras, cilindros de gas y otros artículos que fueron comprados con recursos públicos destinados a la modernización tecnológica del IP.
Según el MP, estos bienes fueron gestionados por la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) y entregados parcialmente a través de la fundación “Ayudando con Amor”, utilizando listados proporcionados por exfuncionarios del IP; no obstante, muchos de estos insumos estaban en completo abandono.
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El caso forma parte de una investigación iniciada tras la denuncia presentada en marzo de 2024 por el entonces secretario de Finanzas, Marlon Ochoa, quien expuso la red de corrupción que operó entre 2014 y 2022, durante el gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández, hoy condenado en Estados Unidos por delitos de narcotráfico.
“El fideicomiso SITEC del Instituto de la Propiedad constituye el principal símbolo de corrupción público-privada dentro de esta modalidad creada por el régimen a través del Congreso Nacional para administrar los fondos públicos como si fueran hacienda particular, saqueando el erario y violando impunemente la Constitución de la República, la Ley Orgánica del Presupuesto y la Ley de Contratación del Estado”, expresó.
Además, señaló que mediante este mecanismo se drenaron desde el 2015 al 2022 unos 19,000 millones de lempiras provenientes de los impuestos de los contribuyentes, administrados a través de “comités técnicos” en el IP.
Asimismo, en la denuncia, Ochoa especificó que este fideicomiso —entre otros proyectos— sirvió para drenar fondos públicos.
Crearon la Unidad Especializada Ejecutora de Proyectos (UEEP) dentro del IP, que promovió la construcción de residencias en el ya conocido caso de corrupción «Proyecto Morazán», como las casas contenedoras en Lomas del Diamante, en un terreno en disputa.
El funcionario detalló que el exsecretario de la Presidencia, Ebal Díaz, “mano derecha” del expresidente Hernández, señalado como figura clave en la toma de decisiones del Consejo Directivo del IP, fue acusado de liderar un esquema que permitió recaudar y gastar fondos sin respetar la Ley de Contratación del Estado.
“Durante su gestión, se diseñó un esquema de corrupción público-privada que le permitió recaudar impuestos fuera de la Tesorería General de la República (TGR), y gastarlos sin ningún tipo de control administrativo al margen de la Ley de Contratación del Estado”, afirmó.
Asimismo, mencionó que, bajo la gestión del exsecretario ejecutivo del IP, Darío García, se ocultaron más de 3,000 millones de lempiras a la Secretaría de Finanzas, y se desembolsaron otros 2,000 millones sin los debidos informes ni transparencia.
“Desde estas cuentas, desembolsaron más de dos mil millones de lempiras entre junio de 2022 y mayo de 2023, al margen de la ley, sin transparencia, sin registro y sin informe a la Caja Única del Tesoro (CUT), como mandaba el decreto legislativo de liquidación y su reglamento”, indicó.
De acuerdo con el informe oficial, entre marzo y junio de 2022, la UCP contrató a dos ONG por un total de 150 millones de lempiras, sin rendir cuentas a la SEFIN.
Se trata de la Fundación Integral para el Desarrollo de Honduras (FIPADEH), con un contrato de 122.5 millones, y la Asociación “Ayudando con Amor”, con 39.5 millones, esta última contratada apenas cinco días después de la publicación oficial de la liquidación del fideicomiso.
Aunque el fideicomiso fue creado con la finalidad de modernizar tecnológicamente el IP —incluyendo el mantenimiento del SINAP, la emisión de placas vehiculares y la digitalización de registros—, los fondos fueron desviados para obras sociales irregulares, compras de electrodomésticos, construcción de canchas y viviendas, y transferencias a otros fideicomisos, sin seguir los procedimientos establecidos.
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