PUEBLO LENCA DEMANDA A JUECES Y FISCALES POR VIOLENTAR DERECHOS TERRITORIALES

Al menos 10 funcionarios judiciales han sido denunciados por representantes de la comunidad Lenca, acusando que “las denuncias son parte de una exigencia de los pueblos por recuperar sus tierras, donde autoridades están usando ese poder a su propio beneficio”.

Redacción Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. El Bufete de Justicia para los Pueblos emitió un comunicado donde los Consejos Indígenas Lencas de Potrerillos, La Tigra y El Achotal presentaron varias denuncias ante el Ministerio Público contra operadores de justicia de Siguatepeque “como medida legítima y en defensa de nuestros derechos contra el despojo y la criminalización.”

Entre las acusaciones llevadas ante el órgano de justicia resalta la presentada contra la jueza Sara Shayk Tobar, a quien acusan de los delitos de extorsión, acusación falsa, amenazas y tratos inhumanos, ya que sus “actuaciones racistas y corruptas han sido guiadas por intereses ajenos a la ley y la imparcialidad judicial.”

Asimismo, se denunció a las fiscales Ana Ferrera, Cindy Calderón y Kenia Rivera por formular imputaciones falsas, exigiendo su investigación y castigo.

Además, se emprenderán acciones jurídicas por prevaricato contra los jueces Darvin Almendares, Carlos Alemán, Víctor Cálix y Juan De León Gómez, por emitir fallos arbitrarios que facilitan el despojo de tierras lencas y vulneran el debido proceso.

Adicionalmente, se presentará una denuncia contra el fiscal Maximiliano Rubi, a quien señalan como responsable de desalojos ilegales, amenazas y criminalización sistemática de la lucha por la tierra y la vida.

Cabe destacar que Rubí es sobrino del ex fiscal general Luis Rubí, quien respaldó el golpe de Estado de 2009.

El Bufete puntualizó que estas denuncias se presentan como una exigencia de justicia verdadera, en un contexto donde el sistema judicial ha sido utilizado para perseguir y castigar a quienes defienden su territorio frente a intereses económicos y políticos.

“Nuestra lucha es pacífica, legítima y basada en nuestros derechos como pueblos indígenas, reconocidos por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Constitución de la República y los tratados internacionales de derechos humanos,” señala el comunicado.