Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández, comenzó a cumplir este martes una pena de seis años de prisión domiciliaria por delitos de corrupción relacionados con fraude en la obra pública, luego que la Corte Suprema ratificó la sentencia.
La decisión del juez de conceder el arresto domiciliario responde a un pedido presentado por su defensa, que alegó razones de salud y seguridad.
Esta medida evita su traslado a prisión, pero no atenúa el impacto político y simbólico de una condena que inhabilita de forma permanente a Fernández para ocupar cargos públicos.
En un mensaje a su militancia, la exmandataria denunció que el fallo tiene motivaciones políticas y forma parte de una estrategia para bloquear su participación en las próximas elecciones, donde aspiraba a una diputación por la provincia de Buenos Aires.
Con esta condena, la figura de Cristina Fernández —protagonista central de la política argentina en los últimos 20 años— queda fuera del tablero electoral, en un contexto de polarización y crisis institucional en el país sudamericano que ha dejado solo en 2024 al menos 1,155 personas lesionadas graves, 33 con impactos de bala de goma, 50 periodistas agredidos y 73 detenidos producto de las más de 15 marchas contra políticas gubernamentales.
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