El esquema de exoneraciones fiscales en Honduras comenzó en 1970, concebido para impulsar el desarrollo, pero ha terminado consolidando privilegios para sectores poderosos, que integran las diez familias más ricas, advierte el economista Henry Rodríguez.
En Honduras, según la Asociación de Cooperación Internacional (ACI), casi el 74 por ciento de la recaudación fiscal proviene de impuestos directos al consumo de la población en general y, por exoneraciones, se ha dejado de percibir alrededor de 455 mil millones de lempiras desde 2009.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Desde 1970, Honduras implementó un sistema de exoneraciones fiscales con el objetivo de atraer inversión y generar empleo, sin embargo, este modelo ha terminado beneficiando a las élites empresariales, específicamente a los grupos de poder que hoy son señalados como “las 10 familias”, aunque no son los únicos.
Según el economista Henry Rodríguez, en entrevista con EL LIBERTADOR, a la lista de las “10 familias” deben sumarse otros sectores que se han beneficiado de un sistema económico que no ha podido desarrollar el país, incluyendo oenegés, iglesias, entre otros.
“Se habla de una cifra cercana a los 60 mil millones de lempiras que el gobierno deja de percibir, a eso se le llama sacrificio fiscal, porque es dinero que se diluye de las arcas del Estado, no se puede recuperar cuando el objetivo debería de ser que el Gobierno sacrifique esos ingresos a cambio [de otro beneficio]”, agregó.
Rodríguez enfatizó que el problema radica también en la falta de supervisión: “no han funcionado los entes encargados de supervisar y de regular esto [las exoneraciones], porque cuando se concede una exoneración, esa tiene un propósito, pero a la larga no se cumple”.
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Según el economista, las exoneraciones afectan demasiado a la población hondureña porque los empresarios no cumplen con el desarrollo de la nación, “todos prometen invertir, todos comprometen una cantidad de puestos de trabajo” pero luego nada de eso se cumple.
Y añadió: “esos grupos que se están privilegiando utilizaron sus artimañas, utilizaron sus cuadros que tienen y ellos no necesitan ir a la calle para protestar, no necesitan poner la cara, tienen quien lo haga por ellos”.
Subrayó que el país necesita usar adecuadamente sus recursos porque no se puede sacrificar el bienestar de la mayoría para beneficiar a unos pocos, “las exoneraciones deben generar empleo y bienestar, por el contrario, “si no lo hacen deben revisarse o eliminarse” y el Estado ha tardado en tomar medidas.
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Sobre la Ley de Justicia Tributaria, Rodríguez afirmó que hay que romper el mito de que esta ley afectará gravemente a la empresa privada o que va a llenar las arcas del Estado de inmediato
“Ni es tan cierto que las empresas privadas se van a ver perjudicadas, que van a quebrar, que van a cerrar, como lo plantean”, extendió.
El economista concluyó explicando que la correcta aplicación de los incentivos sería “darles un tiempo prudencial, supongamos 10 años, y estarlos revisando constantemente, que la ley diga que habrá un ente gubernamental encargado de que los objetivos propuestos por la exoneración se estén cumpliendo”.
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