El CESPAD presentó una radiografía de las anomalías que se dieron en las elecciones del 9 de marzo, destacando la negligencia del Consejo Electoral, presidido por Cossette López, y la falta de transparencia en la contratación del transporte.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD) presentó ayer el informe sobre las lecciones aprendidas del proceso electoral primario del 9 de marzo y los riesgos que este antecedente presenta para los comicios generales que se desarrollarán el próximo 30 de noviembre.
El informe destaca varios puntos que desembocaron en las anomalías registradas en las elecciones primarias, subrayando la tardanza en la entrega de material electoral en varios centros de votación en el Distrito Central (Tegucigalpa y Comayagüela) y San Pedro Sula.
El resultado fue la prolongación del tiempo de votación en varios lugares, así como la postergación del ejercicio electoral en algunos centros de la capital. Aunque las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE), que preside Cossette López, fueron conscientes de los problemas, explicaron que las anomalías solo afectaron alrededor del dos por ciento del padrón electoral.
Según el CESPAD, una de las principales fallas fue la logística del CNE, hecho que también denunció el consejero electoral Marlon Ochoa, quien además presentó un informe detallando los retrasos desde la impresión de papeletas hasta la negligencia en el sistema de transporte.
Otro punto destacado por el organismo fue la falta de transparencia en el proceso de contratación del transporte, que estuvo a cargo de la empresa «Logística y Transporte S. de R.L. de C.V.», cuyo contrato estuvo valorado en 64 millones de lempiras.
La contratación se realizó a través de un procedimiento especial –contratación directa— que establece la ley; sin embargo, el CESPAD puntualizó que esto no exime al CNE de cumplir los requisitos establecidos en la Ley de Contratación del Estado, ni de las obligaciones de transparencia que establece la Ley de Acceso a la Información Pública.
En ese sentido, el organismo expuso lo siguiente: “Durante un monitoreo realizado por el CESPAD al proceso de elecciones primarias, se constató que el portal de transparencia del CNE no cumplió con estas disposiciones: en el componente de Planeación y Rendición de Cuentas, los apartados de ‘Licitaciones y Compras’ y ‘Contratos, Concesiones, Permisos y Licencias’ no publicaron en tiempo y forma los expedientes públicos de contratación exigidos por la ley, dificultando procesos de auditoría social y violando el derecho de acceso a la información pública.”
El Ministerio Público ha iniciado procesos de investigación y ha realizado arrestos contra algunos funcionarios del CNE; además, el CESPAD advierte sobre la necesidad de puntualizar los errores para corregirlos en las elecciones generales del próximo 30 de noviembre.
Democracia cara
El director ejecutivo de la CESPAD, Gustavo Irías, dijo a EL LIBERTADOR que la idea central del informe es presentar recomendaciones “para hacer frente a esos riesgos” que pueden presentarse en las elecciones generales y que se han venido dando desde los comicios primarios.
Asimismo, puntualizó en la politización dentro del CNE, que ha ocasionado divisiones internas que han afectado las funciones del órgano colegiado.
De igual forma, fue crítico con el alto costo que representa el financiamiento de las elecciones y que recientemente fue aprobado en el Congreso Nacional, que, junto al desembolso para los procesos primarios, tendrá un costo de casi 4,000 millones de lempiras.
“La democracia también tiene un costo y es necesario asumirlo, pero en el caso de Honduras nos parece que ese costo podría reducirse a la mitad, es decir, que el proceso primario sea asumido por los partidos políticos y no que sea un financiamiento con dinero público”, extendió Irías.
Asimismo, la abogada de la CESPAD, Osiris Valle, dijo que la clave en el manejo de los fondos es la rendición de cuentas y ejemplificó cómo el uso irresponsable del financiamiento, que llevó a la contratación de la empresa que brindó el transporte y que calificó como negligente, desembocó en los problemas de traslado de maletas que se evidenciaron el 9 de marzo.
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