El presidente de la Comisión de Centros Penales, Ramiro Muñoz, respondió a las quejas de los presos que fueron movidos a los nuevos módulos donde se han eliminado una serie de lujos con los que contaban y sentenció que “no es posible que esta gente quiera seguir viviendo a su manera dentro” de las cárceles.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El Instituto Nacional Penitenciario (INP) trasladó a 504 privados de libertad del módulo de procesados uno al nuevo módulo de sentenciados, ambos en el Centro Penitenciario de Tamara, como parte de las estrategias de las autoridades para eliminar los privilegios que existían dentro de los recintos penales.
El presidente de la Comisión de Centros Penales, Ramiro Muñoz, explicó que el módulo tiene una capacidad para albergar 1,008 reclusos distribuidos en 28 celdas; este nuevo espacio busca garantizar un mejor control de seguridad interna.
Los custodios del centro controlan los accesos mediante un monitoreo de 24 horas al día, supervisando todos los movimientos de los reclusos y, además, hasta el momento están habilitadas 14 celdas con una capacidad para albergar a 36 reos cada una.
Ante estas nuevas medidas, los reclusos expresaron estar inconformes con respecto a la alimentación, el espacio de circulación y no contar con los insumos necesarios; algunos denunciaron que estos nuevos cambios se asemejan a un régimen de máxima seguridad, aunque las autoridades lo clasifican como un módulo de mínima seguridad.
Ante esto, el general Muñoz respondió que varios internos rompieron de manera voluntaria las colchonetas entregadas, y aseguró que el Estado no repondrá insumos todos los días y enfatizó que los privados de libertad deben asumir las consecuencias de sus actos: “No son niños para que estén haciendo cosas contrarias”, aseveró.
Muñoz aclaró que no tienen nada que ocultar, por lo que permitió la entrada de medios de comunicación para documentar las nuevas condiciones de los presos. Además, sobre las protestas acerca de las colchonetas, señaló que antes se quejaban porque «no tenían, pero ahí está la respuesta: los rompieron ellos mismos”.
El funcionario también criticó las quejas sobre los alimentos y aseguró que muchos hondureños desearían tener la comida que reciben los internos. “No es posible que esta gente quiera seguir viviendo a su manera dentro de los centros penales”, afirmó, y reiteró que el nuevo orden impide los lujos del pasado.
Las autoridades insistieron en que este proceso forma parte de una reestructuración más amplia del sistema penitenciario. Con estas medidas, el Gobierno busca recuperar el control, garantizar condiciones dignas y frenar la corrupción que históricamente ha imperado dentro de las cárceles del país.
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