Aunque los gastos para garantizar procesos electorales justos deben ser solventados, el director ejecutivo del Centro de Estudios para la Democracia, Gustavo Irías, sostiene que las elecciones en Honduras tienen un costo elevado y propone que el Estado puede ahorrarse hasta un 50 por ciento del total gastado si las elecciones primarias son financiadas por los partidos políticos.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El director ejecutivo del Centro de Estudios para la Democracia (Cespad), Gustavo Irías, reaccionó a la reciente aprobación por parte del Congreso Nacional del presupuesto para celebrar las elecciones generales del próximo 30 de noviembre, lo que catalogó como un punto positivo para garantizar un proceso adecuado.
El presupuesto que envió el Consejo Nacional Electoral (CNE) al Congreso para su estudio y eventual aprobación fue de aproximadamente 1,737 millones de lempiras, unos 300 millones menos que los comicios primarios del pasado 9 de marzo, que en conjunto suman la cantidad de 3,737 millones de lempiras, aproximadamente, para ambos procesos.
En ese sentido, Irías cuestionó el alto precio de los eventos democráticos considerando las necesidades básicas del país. En entrevista con EL LIBERTADOR, aseguró que “es un gasto realmente bastante significativo. Nosotros [Cespad] hemos planteado que realmente las elecciones primarias no deberían ser financiadas por el Estado; deberían ser financiadas por los partidos políticos”.
Con la propuesta del experto en asuntos democráticos habría un ahorro significativo; sin embargo, Irias también reflexionó que no se puede omitir que el proceso electoral conlleva gastos necesarios si se quiere “asegurar que esto sea lo más transparente posible”, por ejemplo, la adquisición del sistema de transmisión de resultados o el lector biométrico.
“La democracia también tiene un costo y es necesario asumirlo, pero en el caso de Honduras nos parece que ese costo podría reducirse a la mitad, es decir, que el proceso primario sea asumido por los partidos políticos y no que sea un financiamiento por dinero público”, extendió Irías.
Sobre otras consideraciones, el experto analizó que ha habido un cambio importante entre el proceso electoral de 2021 y el que se desarrolla actualmente, y, según su explicación, se debe en gran medida a la injerencia política dentro del Consejo Nacional Electoral (CNE), que este año ha sido integrado por los consejeros Cossette López, actual presidenta; Marlon Ochoa y Ana Paola Hall.
“Nos parece que el problema esencial es que, dado que el CNE está integrado por representantes de partidos políticos, las diferencias interpartidarias han llegado a la institucionalidad y han generado prácticamente procesos de ruptura dentro de esa institucionalidad; y esta ruptura, provocada por estas miradas partidarias, ha llegado a generar diferencias interpersonales”, explicó.
Estas injerencias políticas, a criterio de Irías, no ocurrieron en el proceso de 2021; por ello, considera vital que en lo que queda de camino para los comicios del próximo 30 de noviembre, el CNE recupere su función de “independencia, autonomía y profesionalismo, que es lo que realmente está haciendo falta en este organismo electoral”.
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