El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, defendió la enseñanza de los eventos del golpe de Estado de 2009 en el sistema educativo añadiendo que los responsables de este evento deben pagar por los crímenes contra la sociedad hondureña.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El presidente del Congreso Nacional (CN), Luis Redondo, reaccionó ante los comentarios de la oposición que están en contra de la inclusión en el sistema educativo del libro “El Golpe 28-J”, escrito por el expresidente Manuel Zelaya, en el cual narra lo que vivió cuando fue derrocado.
Redondo se dirigió a todo este sector y les aclaró que “el golpe de Estado fue un crimen reconocido mundialmente y quienes lo perpetraron deben responder ante los hondureños, ante los familiares de las víctimas, ante el país y ante la historia, para que esto nunca más se repita”.
“El Golpe 28-J” es una crónica que detalla los hechos vividos por el expresidente Zelaya en el momento de ser secuestrado por oficiales del ejército y su posterior exilio hasta su regreso a Honduras, ofreciendo detalles como el complot para asesinarlo, entre otros.
El presidente del Congreso agregó que esta oposición hoy intenta “justificar lo injustificable, manipulan la verdad para proteger a los responsables de un crimen histórico contra la democracia”; además, recordó que los autores intelectuales del golpe están bajo una amnistía.
Por ello, añadió: “ninguna amnistía o autoamnistía podrá cobijar o encubrir los delitos de homicidio, asesinatos, torturas, traición a la patria, lesa humanidad, entre otros, en el marco de un golpe de Estado y mucho menos los actos despreciables de corrupción”.
Tras el golpe de Estado, ejecutado el domingo 28 de junio de 2009, liderado por el entonces jefe de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), Romeo Vásquez, hoy prófugo de la justicia, Honduras entró en una de las décadas más oscuras de su historia y fue declarado uno de los países más mortales del mundo por la altísima tasa de homicidios –más de 70,000 hondureños fueron asesinados–.
También, durante los meses posteriores a la ruptura del orden constitucional, organismos civiles nacionales e internacionales registraron al menos 3,600 violaciones a derechos humanos contra «la Resistencia», y en la actualidad algunos de los culpables gozan de libertad y otros están prófugos de la justicia.
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