La Fiscalía ordenó requerimiento fiscal contra Hugo Ardón, hermano del narcotraficante Alexander Ardón, y otros 11 involucrados en la desviación de 34 millones de lempiras para beneficiar a dos empresas, entre ellas INRIMAR, propiedad del narcotraficante Devís Maradiaga, líder de ‘Los Cachiros’.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El Ministerio Público (MP), mediante la Unidad Fiscal Especial contra Redes de Corrupción (UFERCO), presentó un requerimiento fiscal contra varios exfuncionarios del Fondo Vial, imputándoles responsabilidad por el desvío de más de 34 millones de lempiras del Estado de Honduras.
Son más de diez los imputados, entre los cuales se encuentran el exdirector del Fondo Vial, Hugo Ardón, hermano del narcotraficante Alexander Ardón, y el exlíder del cartel de ‘Los Cachiros’, Devís Rivera, preso en Estados Unidos por tráfico de drogas.
Según la investigación, los antiguos servidores públicos suscribieron contratos fraudulentos entre 2012 y 2013 con la empresa Inmobiliaria Rivera Maradiaga (INRIMAR), propiedad de ‘Los Cachiros’, y con la Empresa Técnica de Ingeniería S.A. de C.V. (TECNISA).
Entre las irregularidades se encuentran la falsificación de firmas en el proceso de licitación, el sobreprecio en los valores de los contratos, los pagos irregulares, la utilización de materiales deficientes y la falta de supervisión durante la ejecución de las obras, sin que se implementaran medidas para corregir estos actos.
Además, se constató, a través de una pericia de extracción de información, que el representante legal de INRIMAR, Edgardo Pérez Martínez, gestionó pagos irregulares y bonos a favor de funcionarios de esa dependencia.
También, entre los beneficiados por agilizar los procesos y adjudicaciones ilegales, figura una actual diputada suplente del Congreso Nacional.
INRIMAR en narcopolítica
La extinta Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, junto a la Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción y la Impunidad (UFECIC), revelaron una supuesta trama de lavado de activos del tráfico de drogas internacional que involucró a la empresa INRIMAR con la extinta Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI).
La investigación detalla que se otorgaron 21 contratos a la empresa liderada por el cartel del narcotráfico ‘Los Cachiros’ por 68 millones de lempiras. A este caso de corrupción se le conoció como “Narco-política”, en el que también se vinculó al entonces director de SOPTRAVI, el nacionalista Miguel Pastor, así como a Walter Noé Maldonado —imputado también por el caso mencionado anteriormente—.
Además, se involucró a Fabio Porfirio Lobo, hijo del expresidente hondureño Porfirio Lobo Sosa, y ex-convicto en Estados Unidos luego de ser hallado culpable de conspirar para exportar drogas al país norteamericano.
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