El exalcalde nacionalista, Alexander “Chande” Ardón, enfrentará a la justicia hondureña por el delito de lavado de activos y otros crímenes que confesó ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, siempre que se compruebe que fueron cometidos en territorio nacional.
Entre estos delitos figuran su participación en asesinatos y el pago de sobornos a funcionarios públicos, actos que, si son sustentados con pruebas por el Ministerio Público, podrían dar lugar a nuevos procesos judiciales.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El exalcalde nacionalista de El Paraíso, Copán, Alexander “Chande” Ardón, fue capturado este lunes por agentes de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) y la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) al llegar al aeropuerto Ramón Villeda Morales, de San Pedro Sula.
Ardón cumplió 10 años de prisión en el país norteamericano tras ser condenado por narcotráfico y fue uno de los testigos clave en el juicio contra su exsocio, el exgobernante nacionalista, Juan Orlando Hernández, quien finalmente fue sentenciado a 45 años de cárcel por trasiego de droga.
Finalmente, el exedil fue deportado y capturado a su arribo a tierras nacionales. Según el Ministerio Público (MP), el arresto de Ardón se produjo porque está siendo investigado por el delito de lavado de activos y las declaraciones ofrecidas ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en las que confesó su implicación en múltiples delitos cometidos en Honduras.
La orden de detención se extendió también contra el hermano de “Chande”, Hugo Alfredo Ardón, quien fue ex titular de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI) durante el gobierno de Porfirio Lobo (2010-2014), por el cual fue acusado den el reconocido caso de corrupción, Narcopolitica.
El exalcalde también fue testigo clave en los juicios por narcotráfico contra el exdiputado Antonio “Tony” Hernández, hermano del sentenciado Juan Hernández; en su testimonio, Ardón aceptó haber conspirado para importar más de 250 toneladas de cocaína a Estados Unidos, además de utilizar y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para facilitar el tráfico de drogas.
También admitió haber operado rutas de narcotráfico en el occidente hondureño y que al menos 40 toneladas de droga fueron movilizadas en complicidad con “Tony” Hernández, entre 2010 y 2019.
El abogado penalista, Héctor Pérez, consultado por EL LIBERTADOR, explicó que el MP puede iniciar un proceso judicial contra Ardón por narcotráfico solo si se presentan nuevas pruebas que lo vinculen a actividades distintas a las ya juzgadas en Estados Unidos.
“Si a Chande lo va a querer juzgar por los mismos delitos que fue juzgado en Estados Unido ya no es posible, pero si el Ministerio Público demuestra que aparte de esas 250 toneladas de droga, trasladó otra cantidad de droga con otros fines o hacia otros destinatarios, sí puede enfrentarse a nuevas acusaciones”, detalló.
En cuanto al delito de lavado de activos, el togado indicó que este no fue parte de las acusaciones en la justicia estadounidense, por lo que el Ministerio Público debe presentar indicios claros sobre qué empresas u organizaciones no gubernamentales fueron utilizadas por Ardón para blanquear dinero ilícito.
Según las confesiones del exedil, para facilitar el paso seguro de los cargamentos de droga por el territorio nacional, sobornó a funcionarios, incluidos alcaldes, diputados del Congreso Nacional y oficiales de la Policía Nacional.
El abogado Pérez considera que la fiscalía debe investigar el tipo de sobornos y los mecanismos que Ardón utilizó para asegurar las rutas del narcotráfico hacia otros destinos.
Además, señaló que el ente acusador puede también actuar contra Ardón por su confesada participación en la conspiración para asesinar al extinto jefe de la Dirección Nacional de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), Julián Arístides González, conocido como el «zar antidrogas» en 2009, y el asesinato en 2011 del defensor de derechos humanos, Alfredo Landaverde.
Ambos crímenes permanecen impunes, pero existen expedientes abiertos relacionados con los autores materiales.
“En este caso ya hay un expediente abierto, porque en su momento detuvieron a una persona que supuestamente eran policía. Ya hay un proceso abierto, porque antes de que los extraditaran ya había un requerimiento, pero no habían dado con la autoría de él [Ardón], porque [Ardón] era autor intelectual, se había quedado nomás en autor de materiales”, señaló.
Según el penalista, esa confesión voluntaria obliga a la fiscalía a investigar los hechos y la participación en al menos 56 homicidios que confeso Ardón, para determinar la veracidad y establecer responsabilidades penales.
Finalmente, concluyó que una vez el exgobernante Juan Orlando Hernández cumpla su condena en Estados Unidos y sea deportado a Honduras, el Ministerio Público tiene la responsabilidad legal de presentar las pruebas necesarias para que también rinda cuentas por los crímenes cometidos en el país.
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