Con la decisión del Poder Judicial de retirar el arresto domiciliario al exjefe del Ejercito, Romeo Vásquez Velásquez, y ordenar prisión preventiva, el analista y abogado Alex Navas señaló: “El cambio de medidas obedece a un criterio objetivo y no responde a parámetros ideológicos. El Golpe de Estado fue un crimen de Estado y debe hacerse justicia”.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) revocó la medida de arresto domiciliaria que se le había dictado al exjefe del Ejercito, Romeo Vásquez Velásquez, junto a los exgenerales, Venancio Cervantes y Carlos Puerto, a quienes se les acusa por la muerte de Isy Obed Murillo, asesinado durante las protestas contra el golpe de Estado del 2009.
En cambio, la CSJ dictó prisión preventiva contra los exjerarcas militares. En ese sentido, el primero en reaccionar fue Romeo Vásquez, quien alegó que todo es parte de una persecución política y agregó: “Mi única acción fue defender a mi patria en el año 2009 del abuso de los políticos que nos querían imponer una dictadura”.
De esta forma, el exmilitar asume que su detención obedece a motivos políticos, minimizando las acusaciones que tiene y el daño que provocó las brutales represiones de órganos de seguridad del Estado contra manifestantes que repudiaron el golpe. En ese sentido, Vásquez retó al Ministerio Público para que demuestre su culpabilidad por los mártires asesinados.
Sobre el caso contra los exgenerales, el abogado y analista, Raúl Suazo, dijo a EL LIBERTADOR que los exjerarcas militares estaban al mando, por lo que tenían el deber de detener las brutales represiones que fueron documentadas y denunciadas por entes nacionales e internacionales.
Según informes como el que presentó la Comisión de la Verdad y Reconciliación, las fuerzas de seguridad del Estado cometieron graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias.
El delito cometido no debe quedar impune –amplia el analista— debe hacerse justicia para el pueblo hondureño y debe juzgarse como un crimen de lesa humanidad, dado que se trató de un golpe de Estado que atacó violentamente y con abusos a la población civil.
El también togado y defensor de derechos humanos, Alex Navas, por medio de la red social “X”, reiteró que “los delitos de lesa humanidad deben ser investigados y judicializados, según sea el caso, para su no repetición. El cambio de medidas obedece a un criterio objetivo y no responde a parámetros ideológicos. El Golpe de Estado fue un crimen de Estado y debe hacerse justicia”.
Además, indicó que el Ministerio Público demostró que los acusados pueden influir en el proceso judicial debido a que los imputados mantienen vínculos de poder y pueden alterar la investigación.
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