“EXTRADICIONES NO DEBEN BASARSE EN MANIPULACIÓN POLÍTICA”: CANCILLER

El canciller hondureño, Enrique Reina, explicó que la denuncia que interpuso la presidenta Xiomara Castro contra el Tratado de Extradición queda suspendida hasta el 27 de enero de 2026, para que sea el Gobierno entrante quien se encargue de conservar o eliminar definitivamente el convenio con los Estados Unidos.

Redacción Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. La mandataria hondureña, Xiomara Castro, comunicó que el Tratado de Extradición entre Honduras y Estados Unidos continuará vigente, pero respetando la soberanía y la no injerencia en asuntos internos de país por parte de la nación estadounidense.

La jefa de Estado hondureña resaltó que entre las pláticas que sostuvo con la administración de Donald Trump, se estableció “el respeto a la integridad de las Fuerzas Armadas, institución responsable de defender la soberanía, mantener la paz, hacer valer el imperio de la Constitución y garantizar la seguridad de nuestro proceso electoral democrático”.

Con relación a los puntos acordados con el gobierno de Estados Unidos, el canciller Enrique Reina explicó que la denuncia que interpuso la mandataria Castro contra el convenio de Extradición queda anulada y se retomará el 27 de enero del 2026, por lo que será tarea del próximo gobierno hondureño [2026-2030] determinar si el tratado continua, se modifica o se elimina.

“Y cuando hablamos de que se ha llegado a este acuerdo, es que entre ambos países se ha determinado que se mantendrá esta vigencia del Tratado en el sentido que no se afecte, obviamente, la integridad, de las Fuerzas Armadas […] El acuerdo es precisamente que se maneje un proceso de extradición objetivo, netamente legal y netamente basado en circunstancias factuales, reales y no de ninguna forma politizada”, señaló el funcionario.   

Anteriormente, el Gobierno hondureño decidió denunciar el convenio luego que la embajadora estadounidense en el país, Laura Dogu, manifestó su preocupación por una reunión entre el jefe del Ejército de Honduras, Roosevelt Hernández, el entonces secretario de Defensa, José Manuel Zelaya y el ministro de defensa de Venezuela, Padrino López, a quien la diplomática estadounidense señaló de narcotraficante.

Lo anterior, fue seguido por una estrategia para desestabilizar al Ejército a través de un golpe de barracas y que fue detenido por la Inteligencia hondureña. En ese sentido, el canciller sentenció: “La presidenta, como parte de sus atribuciones de Estado, ante un año electoral a puerta, y que las Fuerzas Armadas es el garante del proceso electoral nacional, no podría permitirse que en ninguna forma cualquier convenio o tratado como el de extradición se pudiera utilizar para generar una desestabilización”.

La decisión fue ampliamente criticada por la oposición y respaldada por sectores afines al Gobierno. Las criticas se intensificaron cuando salió a luz un video donde se vinculó al exdiputado y cuñado de la presidenta, Carlos Zelaya, en una reunión con personalidades del mundo del narcotráfico, por lo que se acusó que la decisión se daba por intentar proteger al excongresista, aunque la extradición permaneció vigente y Zelaya renunció a su cargo en el Legislativo para ser investigado.

“No estamos para favorecer a políticos, ni estamos para favorecer [criminales]. Yo creo que debe quedar claro que es esa objetividad, que se maneje un tratado como debe ser, de forma formal, objetiva, legal y concreta, y no basado en cualquier posible manipulación política que se pudiera dar sobre bases no reales o no existentes”, declaró el Canciller Reina.