El magistrado Luis Fernando Padilla es el nuevo presidente de la Sala Constitucional del Poder Judicial. Con un antecedente polémico, el magistrado –afín al Partido Nacional— fue afiliado de la firma Antúnez & Asociados, misma que se encargo de la defensa de varios nacionalistas acusados de corrupción.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El Poder Judicial oficializó los cambios que se hicieron en las distintas Salas que conforman la Corte Suprema de Justicia (CSJ), como parte de las rotaciones que la ley establece.
Según comunicó el poder del Estado, estos cambios serán efectivos a partir de hoy en las Salas Civil, Penal y Laboral-Contencioso Administrativo, quedando constituidas de la siguiente forma:
Sala de los Civil:
- Magistrada Gaudy Alejandra Bustillo (Coordinadora).
- Magistrado Milton Danilo Puerto.
- Magistrada Rubenia Esperanza Galeano.
Sala de lo Penal:
- Magistrado Mario Rolando Diaz (Coordinador).
- Walter Raúl Miranda Sabio.
- Nelson Danilo Mairena.
Sala Laboral – Contenciosos Administrativo
- Magistrada Odalis Aleyda Nájera (Coordinadora)
- Magistrado Roy Pineda Castro.
- Magistrada Ana Belinda Ochoa.
Estos magistrados permanecerán en estos cargos por un periodo de un año. En cuanto a la Sala Constitucional, que ha sido objeto de polémica debido a su reforma el pasado 17 de febrero de 2023, a partir del próximo 22 de abril de 2025 quedará integrada de la siguiente manera:
- Magistrado Luis Fernando Padilla (presidente).
- Magistrada Francisca Villela Zavala
- Magistrada Isbela Bustillo Hernández
- Magistrada Sonia Marlina Dubón
- Magistrado Wagner Vallecillo Paredes.
El que será nuevo titular de la Sala Constitucional ha sido objeto de críticas, pues fue uno de los magistrados que votó en contra de declarar inconstitucional las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), según conoció EL LIBERTADOR de altos funcionarios del actual Gobierno.
Con pasado ligado al Partido Nacional, Padilla ejerció como fiscal del Ministerio Público hasta que decidió dejar su cargo para accionar como defensor privado. Es así como llegó a una de las firmas más polémicas del país: Antúnez & Asociado.
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Está firma ha sido la defensora de políticos y personalidades señaladas por corrupción, por ejemplo, fue una de las designadas para defender a los diputados del Partido Nacional señalados en el Caso Fe de Erratas, resaltando nombres como Tomás Zambrano y Antonio Rivera.
Asimismo, el Bufete Antúnez asumió la defensa legal de dos de los señalados por el asesinato de la líder ambientalista, Berta Cáceres. Se trata del exmayor del ejército, Mariano Díaz Chávez, condenado a 30 años de prisión y Roberto David Castillo, de la empresa Desarrollo Energético S.A (DESA).
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