El 14 de febrero de 2022 —Día del amor y la amistad— la exclusiva residencia del exjefe hondureño, Juan Orlando Hernández (JOH), desde medianoche fue rodeada por policías. Palmeras de San Ignacio, oriente de Tegucigalpa, hervía de curiosos, agentes encubiertos y medios de comunicación. Horas después fue capturado y encadenado.
Luego de tres años, está juzgado y condenado a 45 años de cárcel por narcotráfico que cumple en USP Hazelton “Misery Mountain” (montaña de la miseria o del sufrimiento) en el lejano Estado de Virginia.
Su arresto, extradición y juicio, dejó lecciones a la clase política tradicional que hoy es oposición, según el analista José Zuniga, deben asumir la responsabilidad de sus acciones no solo para aceptar que Hernández se reeligiera de forma ilegal, sino también por permitir el ascenso fatal del crimen organizado a la República.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Febrero es un mes de angustia para Juan Hernández, juzgado por narcotráfico en Estados Unidos y condenado a 45 años de cárcel, a nueve días de haber abandonado como “inquilino” del Palacio Presidencial, José Cecilio del Valle –es decir el 4 de febrero de 2022–, comenzó a retar al sistema de justicia que lo tiene tras las rejas.
Cuando el nuevo Gobierno, que dirige Xiomara Castro, tomaba las riendas de país el 27 de enero de 2022, desde EE.UU. la congresista Norma Torres exigía al Departamento de Justicia de su país que realizaran el arresto y extradición del jefe de Estado.
Pocos días después, en un extenso hilo de Twitter (ahora “X”), el exgobernante suplicó al entonces senador Robert Menendez: “100 días después de que arrestaron a mi hermano, la cúpula de la DEA, bien informada, me recibió en su sede y emitió un comunicado y fotos para mostrar su confianza en mí y en mi Gobierno como socios de confianza en la lucha contra el narcotráfico”.
Pero suplicar no valió de nada, pasaron diez días –a 19 albas de haber dejado el poder–, el 14 de febrero de 2022, la tempestad golpeó en la residencial San Ignacio de Tegucigalpa, mientras el resto de la capital hondureña gozaba del ambiente festivo entre flores, chocolates y fraternidad, por el Día del Amor y la Amistad.
El fervor de San Valentín, cambió en todo el país a eso de las 5:00 de la tarde, cuando un comunicado oficial de la Embajada de los Estados Unidos, notificó a la Cancillería de la República el pedido en extradición de Hernández y, ésta, traslado el reporte a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para aprobar el arresto provisional del exgobernante, catalogado como un traficante “a gran escala”.
La información fue publicada por la Cancillería hondureña a través de “X”, generando expectativa en la sociedad hondureña porque el contenido no daba nombre del ciudadano pedido en extradición, un par de horas después se anunció que se trataba de Hernández y entonces, las sirenas de patrullas policiales y militares, asomaron por la exclusiva residencial.
Para mediodía del 15 de febrero, el juez asignado, Edwin Ortez Cruz (exmagistrado del Partido Nacional), aprobó dar captura al exgobernante, generando sentimientos encontrados en la sociedad, indignada por cómo despedazó la República desde que ascendió al poder en 2010 como presidente del Congreso y después –con fraude– a titular del Ejecutivo. JOH, fue extraditado el 21 de abril de 2022.
Desde su extradición, audiencias preliminares, juicio y sentencia, los hondureños no han podido olvidar el daño que Hernández provocó al país y, en función del tercer aniversario de su arresto, el analista político y abogado, José Zúniga considera que la extradición del “presidente” dejó importantes lecciones para Honduras porque además de violentar impunemente la Constitución de la República, convirtió al territorio en un “narco-Estado”, marcando un precedente en el escenario internacional.
“Una de las lecciones aprendidas es que el Ministerio Público no debió haber sido politizado, lo que permitió que Hernández se eligiera y se dedicara a actividades propias del crimen organizado”, indicó Zúniga.
Asimismo, advirtió que por esta coyuntura es que hoy más que nunca, se debe garantizar la independencia de la acción penal pública para evitar que se repita lo de JOH, y que los entes de justicia deben emprender acciones contra todo los que fueron participe de la destrucción del Estado de derecho durante los dos periodos que estuvo en el poder.
El abogado manifestó que la clase política –que hoy es oposición– debe de asumir la responsabilidad de sus acciones para aceptar que Hernández se reeligiera violentando la carta magna, utilizando como “trampolín” los tres poderes del Estado con el fin de ejercer las actividades ilícitas, perdiéndose la persecución penal.
“La clase política bipartidista debe pedir perdón a la sociedad por todos los daños que le generaron y que siguen generando, y tener propuestas reales, un cambio generacional sobre todo de liderazgos que permitan nuevos valores en hondureños”, indicó.
El abogado destacó que el Gobierno actual, ha iniciado la recuperación del Estado de Derecho, aun con los obstáculos que han emprendido los sectores de oposición; no obstante, estas acciones han sido contrarrestadas por una fuerte campaña mediática que califica al oficialismo también como “narco gobierno” por el video difundido del exdiputado, Carlos Zelaya dialogando con personas enjuiciadas por tráfico de estupefacientes en Estados Unidos.
“Estamos en un año ‘político’ y las corrientes del bipartidismo, han llevado agua a su molino con el fin de desprestigiar la institucionalidad que se ha logrado hoy a través de un Ministerio Público que no tiene componendas ni compromisos con ningún sector, donde se trabaja efectivamente y se apega al derecho”, sentenció.
Pero el caso de Hernández supera aspectos de lo político, provocó no solo la degradación del sistema de leyes, sino que también causó daños profundos al seno familiar, luto y una escalada de violencia que cobró la vida de al menos 80 mil personas.
Y en un aspecto psicológico, la experta en salud mental, Anahí Meza, estudió que el arresto de Hernández y su posterior enjuiciamiento dejaron secuelas en la población, con una desesperanza por la forma en que el crimen llegó a lo más alto del poder político.
“Se ha normalizado que la corrupción llego para quedarse y que no se debe combatir e impregnaron en la sociedad ese dicho popular que ‘si todos roban, que robe éste no es nuevo y con tal me ayude, no importa si roba’ y solo indica que hay un conformismo en la población y esos eventos como el golpe de Estado normalizaron la violencia y con lo del expresidente normalizaron que estén personas, vinculadas al crimen organizado, estén en importantes cargos”, lamentó.
La experta puntualizó que para superar estos obstáculos impregnados durante el régimen de Hernández, la sociedad no debe seguir normalizando las conductas antiéticas de los políticos: “Los actos de corrupción deben denunciarse porque al fin y al cabo, a quienes afecta es al pueblo que es vulnerable”.
Hernández es un precedente para lo nefasto, tuvo la chance histórica de un desenlace de dignidad por su origen en la miseria que experimentó en su infancia en su natal Gracias, Lempira; actuó contrario a la honradez y ahora, yace preso en la USP Hazelton en Virginia, EE.UU., prisión conocida como “Misery Mountain”, que en castellano se lee “montaña de la miseria o del sufrimiento”.
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