El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, criticó los informes que sitúan al actual Gobierno con altos índices de corrupción. Y dijo: “Todo informe, análisis, denuncia de esta organización de Transparencia Internacional / ASJ carece de validez, por su clara connotación política, sectaria, económica y geopolítica, al servicio de criminales”.
Tegucigalpa. El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, cuestionó el reciente informe de Transparencia Internacional que califica a Honduras como uno de los países con mayor índice de corrupción. Según el congresista, la información recopilada para el informe no proviene de fuentes técnicas sino de la opinión de agentes con claros intereses políticos y económicos de por medio.
También, añadió que este tipo de reportes no ofrecen al actual Gobierno ni al Congreso Nacional –que ha sido calificado por estos organismos como uno de los peores en la historia reciente del país– la oportunidad de revertir la información detallada y por la cual, se califica en alto la corrupción.
Redondo escribió en su cuenta de X: “Quiero manifestar con firmeza que este tipo de evaluaciones no reflejan con precisión la realidad del Congreso Nacional ni del Estado de Honduras. Se basan en referencias subjetivas y, en algunos casos, en valoraciones interesadas que buscan afectar la institucionalidad del país”.
Entre los contribuyentes para estos informes, Redondo resalta al Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), ya que “En las páginas 200 y 201 del último informe de World Justice Project” aparecen como facilitadores de información. Además, este grupo de sociedad civil recibió alrededor de 150 millones de lempiras de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo (USAID), organización acusada de mantener líneas injerencias contra gobiernos contrarios a intereses globalistas.
También, el presidente Legislativo se refirió a la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), con nexos a Transparencia Internacional y que, en el pasado, firmaron pactos con el exgobernante Juan Orlando Hernández (JOH), quien desde su primer mandato recibió criticas y acusaciones por corrupción y su nexo al narcotráfico, por lo cual, fue juzgado a 45 años de cárcel en Estados Unidos.
“Firmaron con Transparencia el mismo año que se dio a conocer el desfalco del Seguro Social y reconocieron haber ocultado esto para no afectar sus intereses electorales [reelección de JOH en 2017] que sin duda les hubiera afectado por ladrones […] Son personas dañinas para el país, pues anteponen sus intereses personales al bienestar nacional, Traidores a su Patria”, señaló Redondo.
Por ejemplo, el diputado cuestionó que para evaluar al Congreso Nacional solamente se hacen dos preguntas cuya percepción es bastante subjetiva. “Desde entonces, según los registros, no ha habido más encuestas, salvo las de quienes en este caso son llamados «expertos contribuyentes». ¡Permítanme que me ría de esto!”, ironizó.
En cuanto al Informe de Transparencia Internacional / ASJ, recordó como la oenegé promovió la compra de los hospitales móviles, que resultaron en una de las estafas más grandes en la historia de Honduras. Lo anterior, añade Redondo, significó la muerte de al menos 20 mil hondureños –según reportes de la Asociación de Funerarias Privadas–.
Incluso, mencionó los vínculos entre los actores que generan estas opiniones, como la exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, con personalidades juzgadas por corrupción y narcotráfico, como el exjefe de la Policía Nacional, Juan Carlos Bonilla, conocido como El Tigre y de quien Castellanos afirmó “era lo mejor que le pasó” al país.
Asimismo, resaltó la falta de actuación de todas estas organizaciones contra violaciones sistemáticas en gobiernos pasados, como la reelección inconstitucional de JOH y la instalación de los regímenes Zona de Empleo y Desarrollo Económicos (ZEDE), violando la soberanía nacional.
“Por lo que, todo informe, análisis, denuncia de esta organización de transparencia internacional / ASJ carece de validez, por su clara connotación política, sectaria, económica y geopolítica, al servicio de criminales. Estas ONG avalaron y protegieron a la narco-dictadura”, sentenció el congresista.
Además, mencionó que durante su administración al frente del Legislativo, han promovido leyes contra la corrupción y la impunidad, como la derogación del Decreto 57-2020 en julio de 2022, que quitaba facultades investigativas al Ministerio Público dentro del Hemiciclo Legislativo.
Y, también, “se han realizado esfuerzos para derogar otros decretos conocidos como «pactos de impunidad», que fueron aprobados en administraciones anteriores y que dificultan la lucha contra la corrupción. Entre ellos se encuentra el Decreto 93-2021, que ampliaba el secreto bancario en casos de lavado de activos, limitando el acceso del Ministerio Público a información financiera crucial para investigaciones”, extendió.
También cuestionó los intereses injerencistas en estas organizaciones, pues recientemente se filtró que USAID otorgó fondos a oenegés que luego fueron expuestas por el Gobierno de EEUU y por portales como WikiLeaks, de promover agendas ocultas e injerencistas, a tal punto de catalogar a la Agencia como una “organización criminal”.
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