Desde que Juan Orlando Hernández (JOH) se sentó como mandamás en el Congreso Nacional en 2010 y, hasta su salida del Palacio Presidencial en enero de 2022, en Honduras fueron asesinados 80 periodistas, ninguno de la prensa tradicional, todos laboraban en medios opuestos a la dictadura y abuso de autoridad del gobernante Partido Nacional, liderado por Hernández.
Según datos de EL LIBERTADOR, fue en la narcodictadura que la libertad de expresión se consideró terrorismo y hubo pena capital y terror de Estado para periodistas y medios que rechazaron privilegios del régimen a cambio de complicidad, esto, lo afrontó en carne propia este rotativo, desde el Poder Ejecutivo se ordenó el asesinato contra nuestro director, Jhonny Lagos, en agosto de 2017; al no lograrlo, se mandó repetir y consumar el plan en 2020.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Asociaciones privadas como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y órganos gremiales como Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), como contraparte de intereses extranjeros han tomado parte en la “guerra proxy” (operaciones mediáticas planificadas con distintos actores sociales para desestabilizar y botar gobiernos) contra el Gobierno de Xiomara Castro, “denunciando” que sus funcionarios han instalado una crisis en derechos humanos, sobre la libertad de prensa.- Nunca visto en la historia, ni cuando el crimen organizado ordenó ejecuciones desde el “palacio presidencial”.
Esta campaña, que lleva casi el mismo tiempo que Castro en silla presidencial, es sostenida por la prensa tradicional y el “capital” dueño de esos medios que, con base en creación de escándalos, a través de una estructura que reproduce la lluvia de mentiras y crisis opositoras, las fuentes de opinión se encargan de repetir el discurso falso, partidos políticos y oenegés disfrazadas de sociedad civil, todos tienen la misión de desinformar y confundir a la sociedad en un proyecto donde no existe ni ética ni escrúpulos en los medios de comunicación que forman el plan de ataque.
Por supuesto, sus reporteros, saturan de noticias falsas han sido descalificados por el gabinete de gobierno y sector privado honesto. Aunque no es suficiente para enfrentar la maquinaria de emisores masivos de mensajes que constantemente van sembrando confusión en los sectores del país, a mayor ignorancia social, mayor efecto tienen las operaciones de desinformación.
Pero llama la atención que, desde el “reinicio” de gobiernos, tras los siete meses de dictadura de Roberto Micheletti Baín, nunca los aparatos mediáticos se levantaron en defensa de la libre emisión del pensamiento más allá de pequeñas actividades casi imperceptibles, como ahora en el gobierno Castro.
Desde 2010 a enero de 2022, en Honduras fueron asesinados 80 periodistas, de acuerdo con las cifras del Observatorio del Crimen de EL LIBERTADOR (OCEL), período en que Juan Hernández escaló a lo más alto del poder político: titular del Congreso Nacional y, posteriormente –por la vía del fraude– “presidente” de la nación.
Los ejemplos sobran, como es el caso de su amenaza contundente del 13 de febrero de 2015 cuando reclamó a todos los medios de comunicación que debían apoyar el proyecto “Retorno a la Alegría”, programa de apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) para evitar la migración infantil –que no tuvo éxito–.
Ante la nación, Hernández –que este viernes cumple su tercer aniversario de ser solicitado en extradición por narcotráfico, un caso ya juzgado–, dijo a uno de sus hombre de confianza, Ricardo Cardona, que debían identificar “¿qué vamos a hacer? si de repente en la conciencia de algún medio de comunicación no está el acompañar esta campaña”.
La consulta a Cardona fue basada en que éste –que está prófugo de justicia, refugiado en Nicaragua– había ejercido la presidencia de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones y, por ello, Hernández abordó “buscar alguna ruta en el sentido que, como son licencias que el Estado da. El Estado ahora necesita este espacio”.
Esto fue advertido por el Comité por la Libre Expresión (C-Libre), porque según el entonces director de este organismo, Héctor Becerra, el Gobierno no puede obligar a ningún medio de comunicación a difundir mensajes oficiales, “salvo que los medios por su propia voluntad, después de analizar la calidad del mensaje, decidan acompañar una campaña de tal naturaleza”.
En los años siguientes, los ataques de Hernández a la prensa, fueron cada vez más agresivos, en 2017 a meses de su ilegal reelección en la presidencia, el Congreso bajo mando de su correligionario Mauricio Oliva, aprobó el controversial Artículo Penal 335-B, considerado un bozal para periodistas críticos de su régimen y para calificar como terroristas a manifestantes.
Entre otras acciones contra la prensa, destaca el atentado criminal contra el director fundador de EL LIBERTADOR, Jhonny Lagos, la noche del 24 de agosto de 2017, caso por el que aún no se emite orden de arresto contra autores materiales e intelectuales.
Y, además, no existe expediente alguno emitido por la Comisión Legislativa que estudiaría el violento suceso; siquiera una respuesta al plan denunciado en junio 2020 cuando se advirtió desde altas esferas políticas que “fuerzas oscuras” de Casa Presidencial, pretendía repetir un atentado para ejecutar al periodista Lagos.
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