El procurador de la República, Manuel Díaz Galeas, dijo a EL LIBERTADOR que la institución utilizará la figura de “juicio de repetición” para deducir responsabilidad sobre diputados que dieron golpe técnico a la Sala Constitucional en 2012 que derivó en una condena internacional que obliga a hondureños a pagar más de 50 millones de lempiras.
Díaz Galeas, destacó además que el Gobierno de Xiomara Castro, asumió un compromiso para evitar acciones de este tipo en la actual administración y que tanto la Procuraduría General de la República (PGR) como el Ministerio Público, tienen voluntad para presentar irregularidades ante el sistema de justicia.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Manuel Díaz Galeas, expresó que este ente gubernamental y el Ministerio Público (MP), están llamados a tomar acciones contra los responsables de cometer actos ilícitos que perjudiquen al Estado de Honduras al recibir condenadas en instancias internacionales.
Díaz dijo lo anterior en entrevista con EL LIBERTADOR, reaccionando ante el reconocimiento público de responsabilidad del Estado de Honduras por la destitución ilegal de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en 2012, por orden del Congreso Nacional que encabezó Juan Hernández, hoy preso por delitos de narcotráfico en Estados Unidos.
Los ex-magistrados José Antonio Gutiérrez Navas, Gustavo Bustillo Palma, José Francisco Ruiz y Rosalinda Sequeira, nombrados para el periodo 2009-2016, fueron destituidos con “golpe técnico” por no responder a los intereses de Hernández y el Partido Nacional, al declarar inconstitucional el proyecto de las ciudades modelos –luego aprobadas como Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (Zede)–.
Por consiguiente, 13 años después del golpe a la CSJ, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), declaró responsable al Estado de Honduras en ese caso, por lo que además de las disculpas públicas, de las arcas del Estado se tendrá que indemnizar a las víctimas con más de 53 millones de lempiras.
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En ese sentido, Díaz aseveró que en el marco de las competencias que tiene la PGR, se está trabajando en el análisis para deducir la responsabilidad a cada uno de los implicados en este caso, y de esta manera hacerlos que paguen ese castigo para que no recaiga en la sociedad hondureña.
“Existe la figura en la normativa nacional del juicio de repetición, que permite perseguir a los responsables de este tipo de actos que perjudican al Estado de Honduras a través de la Procuraduría General de la República”, detalló el funcionario.
Asimismo, señaló como positivo que el Ministerio Público haya iniciado procesos en contra de los responsables de hechos relacionados con el asalto a la Corte en 2012 y con el golpe de Estado contra Manuel Zelaya Rosales en 2009.
El procurador de la República mencionó que Honduras actualmente se encuentra en un proceso de rescate del Estado de Derecho y de la institucionalidad del país, luego de la dictadura de 12 años del Partido Nacional.
“Estamos comenzando a asumir cada institución las responsabilidades y creo que se está abriendo un espacio, un escenario, un contexto propicio para que los responsables que han ocasionado crímenes contra el pueblo hondureño acudan a los tribunales y rindan cuentas”, aseveró Díaz.
Para que no se repitan más hechos que perjudiquen al país, Díaz indicó que es necesario que los funcionarios se apeguen “al ejercicio de la función pública en el marco de la constitución y de las leyes”.
De igual manera, el procurador concluyó que “lo ideal es que estos casos no se vuelvan a repetir, y ese es el compromiso del Gobierno de la presidenta Castro, que administra el Estado de Honduras en estos tiempos, pero en el eventual supuesto de que se vuelvan a repetir, que los entes responsables de hacer justicia lo hagan de forma oportuna y contundente”.
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