A los tres exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), acusados de prevaricato judicial, se les ratificó el auto de formal procesamiento dictado en octubre del año pasado, luego de haber sido señalados por favorecer a dos entidades bancarias de capital privado.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. La Corte de Apelaciones en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, por unanimidad, ratificó el Auto de Formal Procesamiento a los exmagistrados de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Reynaldo Antonio Hernández, Wilfredo Méndez Romero y Rina Auxiliadora Alvarado Moreno, acusados de prevaricato judicial.
La Corte, en su resolución, rechazó los recursos de apelación individuales interpuestos por la defensa de los exfuncionarios judiciales, quienes continuarán con el proceso iniciado por el Ministerio Público (MP); por lo tanto, el Juzgado de Letras en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción deberá realizar la Audiencia Preliminar.
En la audiencia inicial, celebrada en el mes de octubre de 2024, se les dictó auto de formal procesamiento con medidas distintas a la prisión preventiva.
Según el requerimiento fiscal, los exfuncionarios judiciales –cargos que ejercieron durante el período 2016-2023– cometieron un procedimiento fuera de la ley, ya que cuando un expediente llega al Pleno de la Corte Suprema de Justicia tras no haber sido resuelto por unanimidad en la sala correspondiente, no puede ser devuelto, dado que el Pleno actúa como instancia definitiva.
Asimismo, la acusación menciona que los tres exmagistrados supuestamente emitieron sentencias contrarias a lo dictaminado por la ley para favorecer a dos entidades bancarias de capital privado que fueron demandadas por otra empresa por más de 159 millones de lempiras.
Según la investigación, el exmagistrado Reynaldo Antonio Hernández influyó en el Pleno de la CSJ para que los recursos de casación fueran «conocidos y resueltos por la sala que él integraba, demostrando un interés particular en el caso».
Esto se concretó el 22 de marzo de 2022, cuando, junto con Méndez Romero y Alvarado Moreno, emitieron una sentencia unánime que absolvió a las instituciones bancarias, comprometiendo la «castidad» de lo que debería ser el sistema judicial.
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