Entre julio y septiembre del 2009, el CODEH contó más de cien muertes por armas de fuego de procedencia militar-policial, en el marco del toque de queda para evitar y “disuadir” las múltiples marchas contra el golpe de Estado que orquestó Roberto Micheletti y Romeo Vásquez Velásquez, con ayuda de políticos y empresarios enemigos del pueblo hondureño.
“Hoy, enumeramos se ejecutaron con armas de fuego […] calibres que corresponden a los que usan la Fuerzas Armadas de Honduras y la Policía Nacional”, detalló en su informe el CODEH. Después de más de 15 años, Vásquez está preso a la espera de un juicio y que otros actores del golpe, como Micheletti, puedan también comparecer ante la justicia.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Son numerosas las voces que intentan deslegitimar la lucha de miles de hondureños que, en oposición al régimen de facto de Roberto Micheletti Baín, sostenido por las Fuerzas Armadas que lideraba Romeo Vásquez Velásquez, junto a una cúpula empresarial, se manifestaron contra el fatal golpe de Estado del 2009 y hoy, casi 16 años después, siguen ansiando justicia por las decenas de muertos y heridos en las brutales represiones.
En septiembre del 2009, en la edición número 60 de EL LIBERTADOR impreso, se detalló que en un lapso aproximado de tres meses, se documentaron al menos 100 muertes violentas, según datos brindados por el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH), asesinatos orquestados por las fuerzas represivas del Estado, en ese entonces, al mando de Romeo Vásquez Velásquez y el resto de su cúpula, entre ellos figura el nombre de Miguel Ángel García Padgett.
El informe del CODEH informó lo siguiente:
1.- Durante los días de toques de queda ilegítimos e ilegales se han producido más de ciento un homicidio, en los que se registran menores de edad y mujeres; que durante las horas en que han ocurrido estos homicidios, el Ejército y la Policía han tenido el control de las calles de este país. Los homicidios que hoy enumeramos se ejecutaron con armas de fuego que los calibres de las armas, se supone, son 5.56 milímetros (mm), calibres que corresponden a los que usan la Fuerzas Armadas de Honduras y la Policía Nacional.
2.- Que, por sus características y el contexto de una política de Estado, impuesta en contra la voluntad del pueblo, se pueden caracterizar que estas son muertes extralegales siendo responsables agentes del Estado integrantes de las Fuerzas Armadas y la Policía, lideradas por el Señor Micheletti Bain y jefes militares y policiales.
3.- CODEH responsabiliza de esta muertes extralegales y sumarias a las siguientes personas: Roberto Micheletti Bain, Romeo Vásquez Velásquez Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuer zas Armadas, Salomón Escoto Salinas (Jefe de la Policía Nacional), Mario Perdomo (Sub-Secretario de Seguridad), Rodas Gamero (Secretario de Seguridad), Luis Alberto Rubí, (Fiscal General de la República) Roy Urtecho (Fiscal Adjunto), Jorge Alberto Rivera Avilés (Presidente de la Corte Suprema de Justicia) y diputados (as) del Congreso Nacional que aprobaron ilegalmente un Decreto sobre medidas de excepción que disminuyen derechos fundamentales de las personas; magistrados de la Corte Suprema de Justicia han tolerado y permitido estas prácticas al denegar amparos y retardar los resultados en otros casos.
¿Iglesia sabía el plan para “derramar sangre”?
Recientemente, el ex-arzobispo de Tegucigalpa, cardenal Oscar Andrés Rodriguez, afirmó en el programa Frente a Frente de la Corporación Televicentro, que él no tenía nada que ver con el comunicado emitido por la Conferencia Episcopal –que presidia en ese entonces, no fue redactado por su beneplácito, ya que en el momento de su creación, el prelado se encontraba reunido con el extitular de la Organización de Estados Americanos, Miguel Insulza.
En ese comunicado, que leyó el cardenal ante la opinión pública, el sacerdote católico se refirió a la posibilidad de un “baño de sangre” si el entonces derrocado presidente, Manuel Zelaya, intentaba regresar al país, lo que finalmente terminó ocurriendo. La nota publicada por EL LIBERTADOR en ese entonces hizo énfasis en un informe del Comité de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), que calificó el golpe de Estado como un matrimonio bien establecido por el contubernio de los actores, entre los medios de comunicación, la iglesia y los conservadores.
Y casi 16 años después y ante los intentos fallidos de, por ejemplo, organizaciones como el Cofadeh por llevar justicia a los cientos de mártires del golpe, entre ellos, el primer asesinato documentado por las protestas, el del joven Isy Obed Murillo, fueron obstaculizados por un Ministerio Público corrompido por lo que siguió el derrocamiento de Zelaya, la narcodictadura de Juan Hernández.
Según la coordinadora de Cofadeh, a pesar de que el mundo condenó los infames asesinatos y represiones, y se culpó directamente a los jefes militares, la Fiscalía hacia omisión de estas menciones y luchaba por juzgar los casos desde la individualidad de los hechos, es decir, quitando responsabilidad a los jefes castrenses. Además, denunció que pedían hasta dos millones de lempiras para investigar el arma que disparó contra la humanidad del joven Isy Obed.
Finalmente, el pasado domingo 5 de enero del 2025, las nuevas autoridades hondureñas arrestaron al exjefe militar, Romeo Vásquez Velásquez, junto a otros dos integrantes de su cúpula militar, el subjefe de ese entonces, Venancio Cervantes Suazo, y Carlos Roberto Puerto Fúnez, excomandante del Comando de Operaciones Especiales.
Aún falta se desarrolle el juicio en contra de los exsoldados; sin embargo, diversas voces de la sociedad, como el doctor en derecho, Edmundo Orellana, han pedido al Ministerio Público que investigue a toda el gabinete de facto que presidió Micheletti, por el masivo saqueo al dinero de los hondureños.
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