Ya los diferentes informes y señalamientos al golpe de Estado del 2009, responsabilizan de todas las violaciones de derechos humanos contra los manifestantes al ex-jefe castrense, Romeo Vásquez, pero también al dictador Roberto Micheletti.
En ese sentido, el abogado Joaquín Mejía puntualiza que la Fiscalía se quedó corta con los delitos que le imputó a Vásquez, de la misma forma, es crítico en que se documentaron cientos de violaciones de derechos humanos y se responsabilizó también a Micheletti.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El exjefe del Estado Mayor Conjunto y actor en el golpe de Estado, Romeo Vásquez Velásquez, junto a dos generales de su administración al frente de la institución castrense, están siendo acusados por los delitos de homicidio y lesiones graves en contra de dos jóvenes que participaron en las protestas contra el derrocamiento del presidente Manuel Zelaya (2006-2009), siendo uno de ellos asesinado.
La decisión de judicializar el caso, para el abogado y experto en derechos humanos, Joaquín Mejía, es un logro significativo para conseguir justicia por los diversos delitos de lesa humanidad documentados en el fatídico golpe que, según diversos análisis, significó un retraso de alrededor de 40 años contra el pueblo hondureño.
Sin embargo, Mejía puntualizó que el Ministerio Público (MP) se quedó corto con la acusación presentada, ya que el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación reconoce que en el golpe de Estado existieron crímenes de lesa humanidad y señala como responsable, no solo al exjefe militar, sino también al dictador Roberto Micheletti.
“Dice [el informe] que la responsabilidad de Romeo Vázquez está estrechamente ligada con la de Roberto Micheletti Baín y con todos los miembros del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, porque son un órgano colegiado, particularmente de quien en ese momento era comandante general del Ejército, el general [Miguel Ángel] García Padgett”, detalló el togado.
Mejía también indicó: “El general Vásquez Velásquez y el Estado Mayor Conjunto, en el marco del principio del bando responsable, tenían la obligación de prevenir y reprimir e investigar las acciones delictivas que estaban cometiendo sus subordinados, y al no hacerlo son responsables de estos crímenes, que no son un simple homicidio como lo plantea el Ministerio Público, son crímenes de lesa humanidad”.
El abogado detalló que debido a que el propio Estado en su informe oficial de la Comisión de la Verdad, establece que se cometieron crímenes de lesa humanidad, este asunto no solo se tiene que ver desde el Código Penal, sino que también desde los tratados internacionales ratificados por Honduras y sobre la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“El Ministerio Público como el Poder Judicial tienen que estar a la altura de estos acontecimientos, y la sociedad, a pesar de su polarización, no puede justificar de ninguna manera que a través de balas militares y policiales, y a través de las acciones de la policía y el Ejército, se pueda justificar el asesinato de personas, las detenciones arbitrarias, las torturas y las violaciones a tantas mujeres en el golpe de Estado”, refirió el togado.
Posterior al golpe de Estado, en 2010, se aprobó una amnistía como herramienta de reconciliación del país que se aplica exclusivamente para los crímenes políticos, es decir, excluye a los responsables del delito de traición a la patria; no así de crímenes contra la dignidad humana.
En ese contexto, Mejía refirió que a “Romeo Vázquez y a la Junta de Comandantes no se les puede acusar por delitos de traición a la patria, porque ya fueron amnistiados, que forman parte de estos procesos de reconciliación, pero el propio decreto de amnistía dice claramente que están excluidos del decreto los crímenes de corrupción y de violaciones a derechos humanos y, por tanto, lo que está enfrentando Romeo Vásquez Velásquez, es eso”.
Por su parte, el abogado y diputado del partido Libertad y Refundación (Libre), Ramón Barrios, mencionó que el juzgamiento al exjefe castrense y los dos generales, no tiene nada que ver con la presidenta Xiomara Castro, con el Poder Ejecutivo, ni con el partido oficialista, ya que la función de juzgar y ejercer la acción penal le corresponde tanto al Poder Judicial como al Ministerio Público respectivamente.
De igual manera, Barrios aseveró que la acción que está realizando la Fiscalía al acusar a los ex miembros de las Fuerzas Armadas no es algo reciente ya que esa responsabilidad está documentada desde el año 2010.
“Hay un informe de la Comisión de la Verdad y la Justicia que se creó en el año 2010, en donde le establece responsabilidad al general Romeo Vásquez Velásquez, pero no solamente a él, sino a todo el Estado Mayor Conjunto y a algunos actores políticos de la época”, expresó Barrios.
En ese sentido, Barrios comentó que en su condición de presidente de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales del Congreso Nacional, espera justicia y que se aplique el verdadero proceso para los implicados.
Para el próximo viernes 10 de enero, se tiene prevista la audiencia inicial en este caso, por lo que Barrios considera que “va a haber un auto de formal procesamiento que va a llegar definitivamente a juicio oral y público y creo que es lo más beneficioso para el pueblo hondureño, para el procedimiento penal, porque en el juicio oral y público se va a determinar la inocencia o la culpabilidad”.
Asimismo, debido a las múltiples violaciones que ha sufrido la Constitución de la República de Honduras desde el golpe de Estado y luego en la dictadura del mandatario Juan Hernández, Barrios mencionó que es necesaria una Asamblea Nacional Constituyente, pero por el momento no se tienen las condiciones de país para ese proceso.
“Desde el punto de vista constitucional, se rompió el orden constitucional y debe llamarse tarde o temprano a una Asamblea Nacional Constituyente para restaurar una nueva constitución y un nuevo pacto entre los ciudadanos y las ciudadanas de este país con el Estado de Honduras”, agregó.
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