El exfiscal general del Ministerio Público, Edmundo Orellana, denunció que durante los meses siguientes al golpe de Estado de 2009, durante el gobierno de facto de Roberto Micheletti, varios políticos se aprovecharon de los recursos financieros del pueblo, ya que no hubo liquidación ni rendición de cuenta de cómo gestionaron esos fondos.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El exsecretario de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Edmundo Orellana, se pronunció sobre las irregularidades financieras ocurridas durante los siete meses que siguieron al golpe de Estado de 2009, señalando que altos funcionarios se habrían enriquecido ilícitamente en ese periodo.
El golpe de Estado acarreó con la expulsión del expresidente José Manuel Zelaya del país, imponiéndose así el gobierno de facto del golpista Roberto Micheletti Baín.
“Remover los temas del golpe de Estado no pueden olvidarse los siete meses del gobierno de facto. Ahí se manejó un presupuesto de miles de millones de lempiras y según el ministro de Pepe Lobo, que recibió el Ministerio de Finanzas, dijo que no tenía liquidación presupuestaria, que no sabía en qué se habían utilizado los recursos”, afirmó.
El exfuncionario y también ex-fiscal general del Ministerio Público, hizo un llamado al ente acusador para que emprenda investigaciones para identificar quienes son los que se enriquecieron durante ese tiempo.
“Fue un latrocinio a una escala sin precedentes y no puede quedar impunes, es más, los responsables del golpe de Estado fueron los que se aprovecharon de los recursos del presupuesto. Esa muerte [Isy Obed] y otras que ocurrieron en el contexto del golpe de Estado, fue responsabilidad de quienes tomaron la decisión del golpe de Estado y esos fueron los políticos y esos están amnistiado”, señaló Orellana.
Varios políticos implicados en actos de corrupción en el marco del derrocamiento de Zelaya, fueron beneficiados por una amnistía aprobada en el 2010. Orellana también elevó que esas personalidades han quedado impunes. “No les van a hacer nada, no importa que se les acrediten hechos horribles, pero la corrupción sí. La corrupción no entra dentro de la amnistía que se otorgó”, manifestó.
Orellana hace hincapié que la Fiscalía debe investigar a fondo, no solo las múltiples violaciones a los derechos humanos, sino también las irregularidades en el manejo de recursos públicos de 2009.
“Hay que estar al día de los recursos del presupuesto del 2009, porque si no se sientan estos precedentes habrá nuevos casos en los que se van a atrever a hacer cosas para aprovecharse en el presupuesto”, puntualizó.
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