La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), ha informado que los entonces magistrados durante la dictadura de Juan Hernánddez, implicados son: Jorge Alberto Zelaya Zaldaña, Edwin Francisco Ortez Cruz, Reina Auxiliadora Hércules Rosa, Jorge Abilio Serrano Villanueva y Lidia Álvarez Sagastume, quienes deberán acudir al juzgado correspondiente a responder por los delitos que los acusa el Estado de Honduras.
Redacción central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. La Fiscalía Especial de Enjuiciamiento de Servidores del Sector Justicia (FEES-SJ) presentó una acusación por el delito de prevaricato judicial contra cinco exmagistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de la administración 2016-2023.
Los exfuncionarios judiciales acusados son: Jorge Alberto Zelaya Zaldaña, Edwin Francisco Ortez Cruz, Reina Auxiliadora Hércules Rosa, Jorge Abilio Serrano Villanueva y Lidia Álvarez Sagastume.
De igual manera, en el mismo caso fueron acusados el juez ejecutor Germán Ubaldo Flores Matamoros, junto a directivos del Sindicato de Docentes de la UNAH (SIDUNAH) y otros particulares, por formar parte de una estructura que desvió más de 80 millones de lempiras de las arcas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
Según la FEES-SJ –entidad del Ministerio Público (MP)–, este fraude a la máxima casa de estudios fue ejecutado a través de resoluciones arbitrarias, cuyos fondos posteriormente fueron destinados a cuentas personales.
El portavoz de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), Jorge Galindo, confirmó que, hasta el momento, se han capturado al menos trece personas involucradas en este desfalco contra la UNAH.
Entre los detenidos figuran el juez Germán Ubaldo Flores; el presidente del SIDUNAH, Carlos Manuel Moreno, y su representante legal; la vicepresidenta, Ena Yolanda Figueroa; otro miembro de la junta directiva del sindicato, identificado como Andrés Donaldo Mendoza Rojas, y los exapoderados legales del SIDUNAH, Jesús Antonio Ferrera Matute y Óscar Danilo González Rosales, así como seis personas más.
Según la investigación, el caso inició en el año 2013, cuando el SIDUNAH solicitó a la Secretaría General de la UNAH que se le acreditara el 1% de los salarios de todos los docentes de la universidad. Sin embargo, según la máxima casa de estudios, esta organización no estaba facultada para realizar dicha acción.
Este caso llegó a los tribunales, donde la Sala Constitucional nombró al juez Flores –hoy imputado por el caso– para ejecutar un fallo que resultó en tres embargos a la universidad, dos de 40 millones de lempiras y uno de 33 millones.
Por lo anterior, el actual rector de la UNAH, Odir Fernández, presentó una denuncia sobre este caso en abril de este año y expresó: “Nos sacaron 80 millones de manera picaresca y en el mes de abril pretendían sacar 39 más, y es ahí donde nosotros presentamos la denuncia y el tiempo nos da la razón de que se drenaron esos recursos públicos”.
“Debo de reconocer la labor del Ministerio Público, hemos estado trabajando en conjunto en una labor de sinergia que estamos desarrollando no solo en esa temática, sino que en otras temáticas más», añadió Fernández.
Y concluyó explicando que “se presenta un requerimiento fiscal en contra de personas involucradas por un sindicato de docentes que no tiene el reconocimiento como tal de la planta de docentes institucional y también se identificó la vinculación de exmagistrados de la CSJ, específicamente de la Sala de lo Constitucional”.
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