La diputada del Partido Nacional, Gladis Aurora López, enfrenta acusaciones de haber desviado fondos asignados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) para proyectos de alumbrado público, utilizándolos con fines privados. Según la Fiscalía, este acto representó un incumplimiento de sus funciones públicas y perjudicó los recursos del Estado.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), presentó un requerimiento fiscal contra la diputada Gladis Aurora López, acusándola del delito de malversación de fondos destinados a proyectos de alumbrado público que presuntamente fueron desviados para uso privado.
De acuerdo con las investigaciones del MP, la congresista gestionó un proyecto financiado por la ENEE para la comunidad de Opatoro, La Paz, que ya contaba con alumbrado público. Sin embargo, los fondos supuestamente fueron utilizados para un proyecto privado en San Pedro Sula, desviando así su propósito original.
La acción fiscal se realiza en el marco del Día Internacional contra la Corrupción, durante el cual el MP, a través de sus fiscalías especializadas, ha presentado diversos requerimientos fiscales y ejecutado órdenes de captura contra exfuncionarios públicos, operadores de justicia y particulares involucrados en casos de corrupción.
López, quien actualmente ocupa un escaño en el Congreso Nacional, fue electa por primera vez para el período 2010-2014, reelecta para 2014-2018 y nuevamente para 2018-2022, durante el cual fungió como vicepresidenta del Legislativo.
En 2021, López fue incluida en la lista Engel junto con otros congresistas por supuestos actos de corrupción y vínculos con el narcotráfico. Ante estas acusaciones, López declaró que se trataba de una «campaña política» para perjudicarla.
Implicación de su familia en casos de corrupción
En 2017, la organización de derechos humanos Global Witness publicó una investigación en la que acusó a López de utilizar su influencia política para obtener contratos con el Estado de Honduras. Junto con su esposo, Arnold Castro, construyó las represas hidroeléctricas Aurora I, II y III en el departamento de La Paz.
En 2018, la extinta Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y la Corrupción (UFECIC), en colaboración con la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), presentó el caso “Arca Abierta”. En este, López, su esposo y su hija Ana Lucía Castro López fueron señalados por el presunto desvío de 21 millones de lempiras a través de la Asociación Planeta Verde.
Según la MACCIH, estos fondos, provenientes de Casa Presidencial, fueron transferidos a cuentas personales de diputados propietarios, suplentes, sus familiares y terceras personas.
A pesar de las pruebas presentadas, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) falló a favor de los implicados, manejando el caso con total secretismo y emitiendo un sobreseimiento definitivo en 2019.
Arnold Castro, esposo de López, también fue imputado en el Caso Pandora, presentado por la MACCIH a mediados de 2018. En este caso fueron acusadas 37 personas, entre ellas los entonces diputados Elvin Santos (Partido Liberal), Rodolfo Irías Navas, Miguel Edgardo Martínez y José Celín Discua (Partido Nacional).
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